Aunque parezca contradictorio, en el contexto de la Guerra Fría, y mientras se juzgaba en Nuremberg a los criminales de guerra del fascismo, “estaban instalando la Escuela de las Américas, que tenía como objetivo estratégico combatir cualquier intento de independencia y de liberación de los pueblos de América Latina y del Caribe”, relata Orángel López, diputado bolivariano a la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión por la Justicia y la Verdad.
En Venezuela se unieron la Escuela y la política de Rómulo Betancourt, alineada con los intereses de Estados Unidos en la región, analiza el legislador y dirigente político. “Fue una orientación estratégica de la fuerza que resultó victoriosa en la Segunda Guerra Mundial y estaba controlando su hegemonía. Venezuela fue víctima de la Guerra Fría”.
En la Escuela se “formaron” 70 mil oficiales, de los que salieron “unos 10 presidentes de América Latina” y militares que estuvieron involucrados en masacres, violaciones de derechos humanos y desapariciones. Su actuación fue nefasta para la democracia y para los pueblos, acusa.
Según SOA Watch (Observatorio de la Escuela de las Américas), unos 496 egresados de la escuela están acusados formalmente de crímenes. Unos 60 mil militares se prepararon en esa organización, según números supuestamente oficiales.
“Todo lo que pasó en América Latina no fue posible sin la participación de los Estados Unidos quienes entrenaron a los soldados latinoamericanos en la Escuela de las Américas quienes han causado tanto sufrimiento”, sostuvo Roy Bourgeois, fundador de SOA Watch, en una declaración reseñada por http://soawlatina.org/. La Escuela es hoy el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, y SOA Watch sigue luchando para que cierre sus puertas.
SIN RESPETO POR LAS LEYES DE GUERRA
López afirma que, con base en la preparación obtenida por oficiales venezolanos, se violaron los derechos humanos, la Constitución Nacional y principios internacionales como los acuerdos de guerra, ya que combatientes fueron capturados vivos y asesinados. Cita dos casos atroces: el de Juan Chacón Lanza, quien fue quemado frente a la tropa en un teatro de Operaciones; y el de Luis Rafael Tineo, a quien obligaron a cavar su propia fosa.
La Convención de Ginebra reza que los prisioneros de guerra “deben ser tratados humanamente todo el tiempo. Un acto ilegal u omisión por la Potencia Aprehensora que cause la muerte o que ponga seriamente en peligro la salud de un prisionero de guerra que este en su custodia esta prohibido, y sera considerado como una grave violación de la presente Convención. En particular, ningún prisionero de guerra puede estar sujeto a mutilación física o a experimentos médicos o científicos de ningún tipo”.
La apertura de los expedientes del antiguo Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (después Dirección de Inteligencia Militar y ahora Contrainteligencia Militar), posible gracias a la ley, permitirá obtener informaciones que la comisión requiere. “Eso nos va a permitir determinar responsabilidades individuales, en el contexto del terrorismo de Estado”, y obtener información para poder rescatar algunos cadáveres.
En Monagas “hay algunos cadáveres que no aparecen”, como el de Jesús Hernández, militante del Partido de la Revolución Venezolana (PRV), detenido y fusilado en los años 70. “Han aparecido muchísimos casos que no tenemos registrados”, como los de campesinos “que también fueron víctimas de la política represiva”. Ese es, posiblemente, uno de los capítulos menos investigados de la historia de la represión. El ejército decía que el campesino “era quien nos daba la cobertura de masas”, y por eso arremetió contra las y los habitantes de las zonas rurales.