Miles de niños inmigrantes en Estados Unidos deben acudir a comparecer ante cortes migratorias sin representación legal debido a que el Gobierno acelera los procesos judiciales de deportación.
Algunos que llegaron a la nación norteamericana sin compañía u otros que son hijos de inmigrantes indocumentados tienen que defenderse a sí mismos en procesos judiciales sin derecho a defensa ya que no cuentan con abogados.
La excusa del Gobierno es que solo se pueden asignar abogados de oficio a los procesos penales y los casos migratorios que se dirimen en cortes civiles.
Las organizaciones de derechos humanos luchan para que se resuelva una demanda colectiva que presentaron contra el Departamento de Justicia estadounidense para que se fuerce al gobierno a ofrecer asistencia legal a los menores.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) exigió al gobierno norteamericano que cambie su normativa y “garantice representación legal para cada uno de los menores que corren el riesgo de ser deportados”.
Consideran que las autoridades estodounidense violan el estatuto de la Constitución que garantiza el debido proceso y la ley de inmigración y nacionalidad que defiende “una vista completa y justa” ante un juez de inmigración.
Ante esta demanda, el Gobierno se excusa con el hecho de no tiene “una obligación constitucional de ofrecer un abogado a los niños en cortes de inmigración”.