El Ministerio Público acusó a los directivos de la Organización Oliveira C.A, José Fernández y Yanneli de Fernández, por presuntamente aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), a 23 personas que optaron por la compra de inmuebles en un desarrollo habitacional en Araure, estado Portuguesa.
A la pareja se le imputa por la presunta comisión de los delitos de estafa, en grado de defraudación, usura en las operaciones de financiamiento, en grado de continuidad y asociación para delinquir.
Según las investigaciones, Fernández y su esposa amenazaron a los propietarios con prescindir de los contratos e compra-venta de las viviendas si no pagaban el IPC, cobro que fue prohibido por el Ministerio de la Vivienda el 10 de junio de 2009.
La Fiscalía del Ministerio Público en la jurisdicción solicitó la ratificación de la medida privativa de libertad para los acusados, quienes permanecen recluidos en la Comandancia General de la entidad llanera.