El Ministerio Público acusó a Ángel Roberto Infante (65), quien fue aprehendido en Panamá el pasado 7 de septiembre, por estar vinculado con la utilización de presuntas notas promisorias (bonos) del Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro), por un monto de 125 millones de dólares.
Con esa cantidad, dicho hombre aumentó el capital de la empresa Inalca, C.A, el 16 de mayo de 2008.
Las fiscales 2° ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 37° nacional y la 68° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Lizette Rodríguez, Emilse Ramos y Milvira Caraballo, respectivamente, acusaron a Infante por la presunta comisión de los delitos uso de documento público falso, obtención ilegal de utilidad por acto de la administración pública y agavillamiento.
Los referidos delitos se encuentran previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.
En el escrito presentado ante el Tribunal 4° de Control del AMC, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de Infante.
Asimismo, requirieron que se mantenga la medida privativa de libertad para el citado hombre, quien se encuentra recluido en el Internado Judicial de Los Teques, ubicado en el estado Miranda.
Las fiscales del caso solicitaron el 5 de noviembre de 2010, la extradición de Infante ante el citado Tribunal, instancia que elevó dicha petición a la Sala de Casación Penal del TSJ, la cual acordó la medida el 9 de noviembre de ese mismo año.
Cabe destacar que por este mismo hecho, el 22 de diciembre de 2010, el Ministerio Público acusó ante el tribunal antes mencionado a José Nicolás Tovar, Ramón Heraldo Paredes y Alejandro Tineo Salas por la presunta comisión de los delitos de obtención ilegal de utilidad en actos de la administración pública, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos y agavillamiento.
La investigación por el caso Bandagro se inició en 1993 a raíz de una denuncia realizada por su presidenta para la época, Esperanza Martinó, desde entonces ninguno de los entes del Estado venezolano ha reconocido la emisión de dichos pagares o bonos, los cuales han intentado cobrar en reiteradas oportunidades las personas que actualmente están detenidas y procesadas por este caso.