El Ministerio Público atendió a un total de 1.072 víctimas de estafas inmobiliarias y de vehículos en los estados Mérida y Táchira a las que les presentó el balance de las actuaciones que adelanta la institución.
En ese sentido, a través de la fiscalía superior del estado Mérida se reportaron 46 casos de empresas y «organizaciones comunitarias de viviendas» que estafaron a 578 personas, mientras que la fiscalía superior del estado Táchira adelanta investigaciones de 41 casos que afectaron a 494 personas.
La fiscal superior de Mérida, Imara Moncada, informó que la mayoría de esos casos corresponde a las compañías Sahenca, Cisagro, El Cobijo, OCV 2480, Aqua, entre otras.
Señaló que existen tres personas condenadas por admisión de hechos y otra que pasaron a la etapa de juicio, todas vinculadas con el desarrollo habitacional El Cobijo -Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación.
Con relación a las solicitudes de medidas reales (prohibición de gravar y enajenar bienes, aseguramiento e inmovilización de cuentas bancarias), existen hasta ahora 66 aprobadas por los tribunales de control del estado, además de 24 prohibiciones acordadas de salidas del país a imputados.
Con respecto a los casos del estado Táchira, las investigaciones se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 483 víctimas en la Fiscalía 4°, mientras que el despacho fiscal 6° maneja 95 personas afectadas por el incumplimiento de inmobiliarias y constructoras en la entrega de inmuebles.
La mayoría de esos casos corresponde a los desarrollos habitacionales Urbanización Octava Provincia, El Tesorito, Buenaventura Suites, El Rosal II, San Juan Bautista III, entre otros.
El fiscal superior de la referida entidad, Eudomar García Blanco, precisó que existen 20 medidas innominadas (prohibición de gravar y enajenar bienes, aseguramiento e inmovilización de cuentas bancarias) contra igual número de empresas que son investigadas por presuntamente estar relacionadas con las estafas inmobiliarias.
El Ministerio Público mantiene contacto directo con las personas, quienes han sido víctimas de delitos tanto en materia de vivienda y de vehículos, como parte del Plan Contra el Fraude, Estafa y Usura (FEU) puesto en práctica desde 2009.