El Ministerio Público citó para este lunes al alcalde del municipio Zamora, ubicado en el estado Miranda, Raziel Rodríguez, quien será imputado por ordenar el derribo de casas de varios adultos mayores en un terreno de la población de Guatire.
La información fue aportada este domingo por el fiscal General, Tarek William Saab, a través de su cuenta en Twitter, quien indicó que fue captado un audio en el que se escucha a Rodríguez dando la orden de derribar las casas, hecho que originó una acción represiva por parte de funcionarios policiales.
#CITADO para ser #imputado este lunes en despacho fiscal el Alcalde de Guatire (Miranda) Raziel Rodríguez: A QUIEN LE FUE CAPTADO UN #AUDIO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DANDO LA #ORDEN de derribar las casas de unos #ancianos que fueron también #detenidos en la acción represiva pic.twitter.com/h3bGhQ8Hf7
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 17, 2022
Los hechos
Con indignación, agricultores y agricultoras de una unidad de producción familiar asentada en el parcelamiento Villa Zamora 2021, ubicada en la Zona Industrial Terrinca, en Guatire, estado Miranda, presenciaron cómo efectivos de la Policía Municipal de Zamora junto con representantes de una empresa textil aledaña –que reclama la titularidad de las tierras- ocasionaron grandes destrozos en el terreno, arrasando con plantaciones y viviendas con el objetivo de provocar desalojo arbitrario de las familias.
Reina Ruiz, integrante de una de las 13 familias que conforman la parcela Mi Esfuerzo, en Villa Zamora 2021, relató el pasado martes 12 de abril, que la comisión policial y representantes de la empresa Guatire Textil atentaron contra los bienes de tres (3) familias, derribando las viviendas y dañando diversos bienes de los habitantes.
“Echaron por tierra todas las plantas que tenían, ahí, unas 3 mil de plátano, 180 de aguacate, mango, lechosa, parchita, y rubros de ciclo corto como pimentón, ají, tomate. El sistema de riego fue devastado por las máquinas que les pasaron por encima. Ahora hay un bote de agua impresionante”, denunció Ruiz en declaraciones reseñadas por Diario Vea.
Agregó que ese día las familias mantenían al aire libre los bienes que no fueron destrozados en el terreno, pues «no les dejaron ni un techo para su resguardo».
Entre los afectados por los graves destrozos ocasionados se encuentran niños y personas de la tercera edad. “Nuestros niños durmieron a la intemperie. Con esto están violentando los derechos que establece la Constitución, el derecho a la vivienda, a la alimentación”, destacó.
Ruiz señaló que horas antes Polizamora trasladó bajo engaño a representantes de esas mismas familias hacia su sede. Los efectivos le aseguraron a Exequio Ruiz Ñáñez, Bernardo José Ruiz Ñáñez, Eduar José Ruiz Olivares, y Stefani Briceño, que establecerían “una mesa de diálogo pero cuando llegan allá, a la sede, los detienen”.
El diálogo ofrecido por los efectivos era esperado, pues, en 2019 los habitantes de la parcela Mi Esfuerzo fueron denunciados por la empresa Guatire Textil ante un tribunal penal como presuntos invasores. Desde entonces, han estado en una contienda legal que fue alimentada con amenazas y amedrentamientos por parte de la empresa, hasta que este martes 12 de abril fue ejecutado el desalojo de las tres (3) familias.
Reina Ruiz contó que por varias horas se les negó la posibilidad de conversar con los detenidos, quienes son sus familiares directos. Diversas gestiones llamaron la atención del gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez, y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quienes garantizaron la libertad de los agricultores en horas de la tarde de este miércoles 13 de abril, reportó Diario Vea.
Violan protección concedida por el INTI
Desde 2013 un grupo de familias se encuentra trabajando en el parcelamiento Villa Zamora 2021, recibiendo la Carta Agraria por parte del Instituto Nacional de Tierras, INTI, en 2016.
En 2019, recibieron una denuncia “como presuntos invasores por una empresa aledaña» a ese lote de tierra.
«Ellos se presumen dueños de esta. Sin embargo, para los procedimientos que se hicieron a través del INTI fueron convocados para que presentaran la titularidad de la tierra y los personajes no se presentaron”, a pesar de ello, exponen la denuncia en un tribunal penal e inicia un juicio. En el procedimiento legal los acusados consignaron las Cartas Agrarias y otros documentos “que nos garantizaba la permanencia en las tierras, sin embargo, se hizo caso omiso”.
Entre finales de 2019 e inicios de 2020 la jueza dicta medida de desalojo en un lapso de ocho (8) meses. La postura del tribunal penal contraviene las medidas que el tribunal agrario ha concedido a la unidad de producción familiar, entre los que se encuentra una medida de protección sobre el lote de tierra que les fue otorgado en 2020, destacó la vocera.
Indicó que dicha medida de protección implica, “mientras no se dirima en el tribunal agrario la propiedad de la tierra no se puede ejecutar ninguna medida de desalojo”.
T/CO con información de Diario Vea
F/Archivo