El Ministerio Público imputó a los funcionarios de la Policía Municipal de Chacao, José Muñoz Medina, Milton Escalante Portillo y Hernán Barrios, por su presunta responsabilidad en las agresiones cometidas contra varios detenidos en el área de calabozos, el 23 de febrero de 2010.
Las fiscales 62° nacional y 83° del Área Metropolitana de Caracas, Ana Navarro y Alba Martínez, respectivamente, imputaron a los tres detectives por la presunta comisión de los delitos de lesiones intencionales menos graves en perjuicio de Juan Díaz; lesiones personales leves en relación con Alberto Solano, Ernesto Rodríguez, Armando López, Santiago Báez, Wilney Gutiérrez y Juan Rodríguez.
Igualmente, las fiscales les imputaron abuso contra detenidos y quebrantamientos de pactos internacionales en concordancia con la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Por este mismo caso fueron imputados, el 24 de mayo, por esos cuatro delitos nueve funcionarios de dicha policía: la inspector jefe Patricia Gargiso Castillejo; el agente Darwins Cedeño Villarroel; los detectives Jorge Campos Guerrero, Jessica Carvajal Sira y Jhon Jairo Martínez Noguera; el subinspector Mily Cepeda Gudiño; los inspectores Julio Montilla Torrealba y Pierina Medina Ferrer.
También, el Ministerio Público imputó en esa oportunidad a los escoltas privados Adnan Muhamad Hernández y Edward Carreño Páez, quienes para el momento de los hechos eran policías del citado municipio.
Adicionalmente, fue imputado, por todos los delitos antes mencionados, más uso indebido de arma de fuego, el detective Maiker Antonio Blanco.
Vale recordar, que el 22 de febrero de 2010, las fiscales 32° nacional con competencia en materia de Ejecución de Sentencia y la 125º del AMC, Nadia Pereira y Suyin Hernández, respectivamente, en visita rutinaria se presentaron a la sede de la Policía de Chacao, donde en el área de calabozos, varios detenidos les señalaron que habían sido maltratados, lesionados con perdigones y agredidos física y verbalmente por los efectivos de ese cuerpo policial.
De inmediato, las fiscales levantaron un informe sobre lo denunciado por los detenidos. Seguidamente, el mismo se remitió a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, dependencia del MP que dio inicio a la investigación el 23 de febrero.
Posteriormente, fueron comisionados los referidos fiscales, quienes serán los encargados de realizar las actuaciones respectivas a los fines de establecer las responsabilidades penales de las personas que hayan participado en este hecho.