El Ministerio Público no ha recibido respuesta del Estado colombiano sobre la solicitud de extradición de Pedro Carmona Estanga, así lo informó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en su programa radial «En Sintonía con el Ministerio Público», transmitido por Radio Nacional de Venezuela, donde explicó que este ciudadano es requerido por la justicia venezolana a raíz de los hechos ocurridos durante el golpe de estado en abril del año 2002.
Durante el programa radial, Ortega Díaz recordó que como fiscal de proceso le correspondió presentar la acusación contra Carmona y pedir su extradición en el año 2006, trámite acordado por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, reiteró que hasta ahora Venezuela no ha recibido respuesta de Colombia y explicó que en el proceso de extradición se conjugan dos voluntades: la de país solicitante y la del otorgante.
La Fiscal General explicó que el Ministerio Públivo no ha sido notificado formalmente que el ex presidente de Fedecámaras, tenga el carácter de asilado en Colombia, tomando en cuenta que ese el trato que le dan.
Agregó que los casos donde la Fiscalía tampoco ha recibido respuestas satisfactorias a pesar de que existe un convenio mutuo, celebrado con Estados Unidos, de asistencia recíproca en materia penal son los de Luis Posada Carriles, por la voladura del avión cubano en 1976, Carlos Andrés Pérez, por los sucesos conocidos como El Caracazo, y Eligio Cedeño, por irregularidades en el caso Microstar. A ese respecto, señaló: «Esas cosas son las que no observan los organismos internacionales».
Por otra parte, en lo concerniente a la ratificación de la sentencia condenatoria contra los tres comisarios y otros seis funcionarios de la Policía Metropolitana, por las muertes de Erasmo Sánchez y Rudy Duque, así como por las lesiones sufridas por otras personas, durante los sucesos ocurridos en el puente LLaguno el 11 de abril de 2002, advirtió que se trata de una decisión de segunda instancia, dictada en abril de 2009 por el Tribunal 4° de Juicio del estado Aragua. Manifestó que luego de casi un año de dictada la sentencia por un tribunal mixto de juicio, fue cuando la Corte de Apelaciones de esa jurisdicción ratificó el fallo.
En cuanto a los demás casos relacionados con los sucesos del 11 de abril, expresó que difícilmente podrán ser concluidos, debido a que los presuntos responsables están prófugos de la justicia, pero si estas personas llegaran a presentarse en el país, deberán ser aprehendidas y llevadas ante un tribunal, el cual determinará las condiciones en las cuales permanecerán.
Concluyó afirmando que los hechos de abril de 2002 no deben ser olvidados porque se produjo un desconocimiento total del Estado de derecho. No obstante, destacó la actitud del pueblo venezolano que defendió la legalidad y la constitucionalidad todo el tiempo.