Tras la acusación presentada por el Ministerio Público, pasaron a juicio cuatro directivos de una Organización Comunitaria de Vivienda (OCV), por presuntamente estafar a 112 personas que habían optado por comprar viviendas en el desarrollo habitacional La Ponderosa I, en Guárico.
En la audiencia preliminar, la fiscal 1° de esa jurisdicción y su auxiliar, Beatriz Orellana y Ana Saleh, respectivamente, ratificaron la acusación contra la presidenta, vicepresidenta, secretaria y tesorero de la referida OCV; Yuraima Gómez, Ana Monsalve, Olga Vásquez y Maikel Luque, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de estafa calificada continuada, usura genérica y asociación para delinquir.
Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal.
El Tribunal 3° de Control del estado Guárico, luego de escuchar los alegatos expuestos por las partes, admitió la acusación presentada por las fiscales y ordenó el enjuiciamiento de los cuatro directivos.
De igual manera, el Tribunal ratificó la medida privativa de libertad para las cuatro personas. Por tal motivo, las tres mujeres permanecerán recluidas en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), mientras que Luque permanece recluido en el Internado Judicial del estado Apure.
De acuerdo con la investigación, la referida organización suscribió un contrato con los afectados en el año 2000, el cual establecía la entrega de viviendas del citado complejo residencial en el año 2003.
Las viviendas fueron entregadas durante 2007, sin embargo, éstas no cumplían con lo previsto en el contrato y fueron otorgadas sin ninguna documentación. No obstante, ante el incumplimiento del convenio, varias de las víctimas denunciaron a partir del 8 de febrero del presente año, las irregularidades ante el Ministerio Público.
Por tal motivo, los afectados pidieron a los representantes de la organización los documentos de sus viviendas, a fin de solicitar un crédito para terminar de construirlas.
Tal solicitud fue negada por parte de los directivos de la OCV, quienes manifestaron que no podían entregar ningún documento por cuanto no los tenían.
Los presuntos responsables fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, tras órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por el citado Tribunal.