La sala social situacional del Ministerio Público del plan de Fraude, Estafa y Usura (FEU) de vehículos y viviendas, se reunió ayer por primera vez en el centro cultural Tulio Febres Cordero con 683 víctimas en Mérida para exponer los avances de los procesos judiciales.
La fiscal superior de Mérida, Ymara Moncada, explicó que el plan FEU se implementó a partir de junio del año 2009. En el país, dijo, se desarrollan jornadas de acompañamiento social a las víctimas y ayer le correspondió a Mérida y Táchira.
En la reunión de ayer estuvieron presentes la fiscal nacional 47 comisionada en materia de vivienda para conocer las causas del plan FEU, María Bejarano; y los fiscales principales y auxiliares de la fiscalía 2° y 7° de Mérida, que llevan las causas en la modalidad vehículos, y las fiscalías 4° y 6°, que investigan los casos en materia de vivienda.
Además, estaban el presidente del Circuito Judicial Penal de Mérida, Ernesto Castillo; la presidenta del Indepabis en la entidad, Helen Torres; una representación del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, y el comisario del Cicpc, Jairo Araujo.
Una vez escuchados los planteamientos de las víctimas, esta sala social situacional se los llevará a la fiscal Luisa Ortega Díaz. “En materia de vivienda tenemos a 578 víctimas y, en materia de vehículos, 105 víctimas, para un total de 683 personas”, discriminó Moncada.
En total, aclaró, hay 58 causas en Mérida con 511 denuncias, de las cuales 46 (con 406 denuncias) equivalen a la modalidad vivienda y 12 causas (con 105 denuncias) a vehículos.
“Tenemos a 13 personas imputadas tanto por causas de viviendas como de vehículo, las cuales son representantes de empresas y OCV. Además, sumamos tres acusaciones presentadas en materia de vivienda contra las empresas Sahen CA, Cisagro y Desarrollos El Cobijo, y tres sentencias condenatorias en materia de vivienda que surgieron por la admisión de los hechos de tres personas de Desarrollos El Cobijo”, informó.
Moncada explicó, en materia de vivienda, que se han dictado 83 medidas reales, “consistente en prohibición de enajenar y gravar, aseguramiento de bienes, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias u otros de instrumentos financieros”, dijo. Se adicionan 34 medidas personales, entre privativas de libertad, cautelares sustitutivas de libertad y prohibición de salida del país.
En la modalidad de vehículos, “tenemos 12 solicitudes de medidas privativas, cautelares sustitutivas y prohibición de salida del país, y hay cuatro personas privadas de libertad, tres de ellas condenadas por la admisión de los hechos y una privada de libertad, “porque decidió ir a juicio oral y público”, aseveró. A estos procesados y procesadas se les investiga por estafa agravada, usura y asociación para delinquir.
Además, se lograron 16 acuerdos reparatorios en ambas modalidades que han beneficiado a 159 personas. “Las empresas con mayor número de víctimas en materia de vivienda son Sahen CA, OCV 2480, Desarrollos El Cobijo, Tecon CA, Inversiones y Desarrollos Los Cedros, Sociedad Mercantil Constructora Camino Real, Construcciones y Soluciones Urbanas”, informó Moncada.
En materia de vehículos, acotó, hay 66 empresas de compra programada de vehículos investigadas, de las cuales éstas presentan la mayor cantidad de denuncias: Altercon, Briverca, Procompra, Moto Full, Sumiglov, Yin Lin Motos y Mundo Fácil, Automotriz Vigía Chevy Plan y Corporación Integral de Crédito.