La ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios (Mppsp), Iris Varela, planteó la noche de este martes, que sea retirada la nacionalidad venezolana a quienes desde el exterior conspiran contra la República.
“Todo el que está conspirando por fuera debe quitársele la nacionalidad venezolana, se debe expatriar de aquí, tú no puedes tener a una persona disparando contra el país y por esa guerra que nos tienen aquí está sufriendo un poco de gente, está sufriendo el pueblo venezolano“, dijo en transmisión de Venezolana de Televisión, en una entrevista concedida al programa La Hojilla.
La aseveración se produjo al referirse al grupo de abogados que en el exterior, usurpando cargos de magistrados, han solicitado antejuicio de mérito contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
La titular del Mppsp expresó la solicitud la dirige directamente al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, dado que quien defiende los intereses colectivos y difusos es la institución que él encabeza.
Propuso a las autoridades competentes que a este grupo de personas que han actuado desde otros países les sean retirados sus títulos universitarios. “A todos estos profesionales del derecho en primer lugar, se les deben anular sus títulos universitarios que les otorgó la República, esos títulos deben ser anulados de una vez”, enfatizó.
Señaló que por ejemplo la ciudadana Luis Ortega, quien participó en la acción donde usurpó el cargo de Fiscal General, y que además es prófuga de la justicia venezolana, se le debe retirar la nacionalidad y confiscarle los bienes que tiene en el territorio nacional.
“Ellos no pueden ir a arrogarse jurisdicción, ellos no pueden ir de manera flagrante a violar el derecho constitucional, el derecho internacional público, el derecho penal y que a ellos no les pase absolutamente nada, es que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimientos, yo sé que ellos no son ignorantes de la ley entonces menos excusas tienen”
LO QUE DICE LA LEY
Expuso que de acuerdo con el artículo 128 del Código Penal en el libro II capítulo De la traición a la patria y otros delitos contra ésta, la acción emprendida por estas personas en el extranjero es un delito que es sancionado con una pena de 20 a 30 años de prisión y que además no podrán gozar de los beneficios de ley una vez encarcelados.
Aseguró que quienes usurparon los cargos de magistrados cometieron un delito tipificado en la ley. “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”, agregó.
Texto/Sandra Izarra
Foto/@mspenitenciario