Rumores van, rumores vienen… Sin embargo, existe una realidad: el desalojo de los galpones en la zona caraqueña de La Yaguara, propiedad de Empresas Polar y otros emporios, para construir soluciones habitacionales de la Gran Misión Vivienda, parece ser una realidad.
Así se desprende de las declaraciones del Ministro de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina, según recoge Unión Radio, ya que el funcionario público realizó ayer (viernes) en horas de la mañana una asamblea con trabajadoras y trabajadores de las empresas afectadas, en la que informó sobre el citado proyecto habitacional.
El informe radial recalca que durante la asamblea se pudo conocer que “se desconoce cuánto se tardará la ejecución del desalojo y en cuánto tiempo se construirían esas viviendas. Los trabajadores indicaron que no se les informó cuando tendrán que desalojar los espacios. Sin embargo, se reactiva la actividad de las plantas mientras se definen los principios jurídicos de la orden».
Otro que habló al respecto fue el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Wills Rangel, quien argumentó a Globovisión que «en este caso se garantizarán los puestos de trabajo con los empleados de Polar en La Yaguara” y aclaró que “no se está expropiando a Polar. La obligación de la empresa es buscar otros galpones diferentes para colocar sus productos».
En la zona, el Correo del Orinoco habló con algunas personas que están de acuerdo con la medida gubernamental. Oscar Ruido, habitante de la zona, espetó: «Hace tres años Chávez dijo que estos terrenos eran para viviendas… ¡Ahhhh! pero no le pararon… la Polar no está por encima de la Constitución».
ATAQUES
En otro informe de Unión Radio también se pronunció el presidente de Fedecamaras, Francisco Martínez: «Mientras continúen atacando y ejerciendo este tipo de prácticas en contra de la propiedad privada el que va a pagarlo caro es el consumidor, ya que afecta la logística de distribución de alimentos en una zona tan importante como lo es la Gran Caracas”.
Según sus cálculos, cinco empresas están afectadas con esta medida de desalojo.
Víctor Maldonado, por la Cámara de Comercio de Caracas, expuso: “Existe un gran esfuerzo logístico que debe hacer el sector privado en conjunto con el sector público para movilizar aproximadamente 8 mil toneladas diarias de alimentos que cubren la región centro-norte costera del país; entonces cualquier cosa que degrade nuestras redes de abastecimiento pues es una mala medida”. Dijo estar seguro de que “una segunda revisión, incorporando más datos, daría pie para una reconsideración inmediata».
MÁS AFECTADOS
En otras declaraciones, Juan Crespo, presidente de Fetraharina, señaló a El Nacional sobre Cargill, otra de las empresas afectadas: «Este centro de distribución despacha semanalmente para toda la Gran Caracas cerca de 200 toneladas de diferentes productos, tales como pasta, harina de trigo, aceite y alimento para animales. Sin este almacén, se puede poner en riesgo la seguridad alimentaria”.
Y si de afectados se habla, trabajadores tercerizados como los que transportan los alimentos a distintos puntos de la Gran Caracas expresaron sentirse afectados “porque por cada día de trabajo que perdemos no cobramos», según esbozó un caletero o cargador a la entrada de uno de los galpones.
Varios de estos trabajadores señalan que 900 transportistas «estamos en pico e’zamuro. Mira, por cada uno de los 300 camiones que desde la madrugada vienen a transportar alimentos, trabajan tres personas. Multiplica y eso da 900 padres de familia. Aparte de que tenemos que esperar a que el gobierno nos de permiso para salir cada día (certificando la ruta), ahora nos van a quitar el sitio que nos da la papa».