El ministro de Educación, Rodulfo Pérez, anunció que el próximo miércoles se inicia oficialmente el año escolar 2015-2016 en todo el país, luego de haber culminado satisfactoriamente el período vacacional. “El día 16 de septiembre iniciamos actividades escolares! Bienvenid@s tod@s!”, manifestó a través de su cuenta @rodulfohumberto en la red social Twitter.
Consultado por el Correo del Orinoco, detalló que en total retornarán a las aulas de clase más de 7,5 millones de estudiantes “de todos los niveles y modalidades, de instituciones oficiales, de instituciones privadas y de instituciones subvencionadas”.
Asimismo, añadió que más de 550 mil maestras y maestros pertenecientes a todo el sistema educativo se incorporarán a sus labores para atender a las y los estudiantes en este nuevo año escolar que, según comentó, arrancará “con mucha fuerza”.
CUMPLIR LA LEY
En una rueda de prensa realizada en la sede de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), las organizaciones sindicales vinculadas al sector educativo hicieron un pronunciamiento en vista del inicio del nuevo año escolar. Celebaron, en primer lugar, la “rectificación” hecha por el ministro Rodulfo Pérez en torno a la fecha de retorno a las aulas clases, la cual estaba prevista inicialmente para el 14 de septiembre, de acuerdo con el anuncio que había realizado el exministro Héctor Rodríguez, pero que después se postergó para el día 16.
“Nos llena de satisfacción que el ministro del Poder Popular para la Educación esté realizando un llamado a las actividades a partir del 17 de septiembre, como debe ser”, expresó Carmen Aguirreche, presidenta de Fenaprodo-CPV y vocera por el conglomerado, quien añadió que comenzar dos días antes “contraviene lo expresado en los artículos 54 y 56 del Reglamento del a Ley Orgánica de Educación”.
De igual modo, comentó que en el Artículo 54 de esa misma norma se establece que las autoridades educativas deben presentar anticipadamente el calendario escolar y, hasta este momento, según afirma, el mismo no se ha difundido. “Todos sabemos que ese es un instrumento que rige las actividades de planificación y evaluación dentro de las instituciones educativas, y es inaudito que hasta este momento no se haya presentado”, expresó, acompañada por Ángel Marín, presidente de la Federación de Educadores de Venezuela y Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, entre otros voceros gremiales.
Dijo que el magisterio no se opone a que se cumplan cabalmente los 200 días de clases, tal y como lo plantean las autoridades educativas, pero estima pertinente hacer una revisión para aclarar algunos puntos. “En las convenciones colectivas existe la junta de diálogo laboral y académica, y podemos sentarnos en una mesa a hacer la revisión, porque más son los días de suspensión que realiza el propio gobierno, haciendo un llamado a las mismas, que los mismos docentes, que muchas veces desean desincorporarse por motivos de salud y no lo pueden hacer”, fustigó.
PÉRDIDA DE BENEFICIOS
Aguirreche recordó que las organizaciones sindicales están a punto de iniciar la discusión del proyecto unitario de convención colectiva para los trabajadores y las trabajadoras correspondiente al período 2015-2017, y del proyecto de la octava convención colectiva de las y los docentes. Sin embargo, sostiene que al revisar la séptima convención colectiva 2007-2015, detectaron el presunto incumplimiento de más de 43% de las cláusulas que están contenidas allí. “Una convención colectiva no es exitosa porque se firme, sino porque se cumpla”, esgrimió.
La seguridad social, aduce, es una de las áreas más afectadas por el incumplimiento de esas cláusulas. “Tenemos un plan de salud autoadministrado que no funciona, cuando nuestros docentes y trabajadores y trabajadoras acuden a las clínicas no se les atiende porque el Ministerio de Educación no cancela”, criticó.
El funcionamiento del Instituto de Prevención y Asistencia Social Ipasme también se ha visto mermado por esa misma causa: “La situación del Ipasme es grave, no contamos con médicos especialistas, los rayos x no funcionan y muchas veces, en algunas instituciones a nivel de regiones, ni siquiera tienen papel para hacer un récipe médico”.
Adicionalmente, asegura que se han perdido otros beneficios que antes tenían, como el otorgamiento de préstamos personales y para vivienda, así como la venta financiada de vehículos, línea blanca y computadoras. “¿Nosotros nos preguntamos, a dónde va el dinero que nos descuentan cada mes?”, cuestionó. Ninguna de las juntas que han pasado por el Ipasme, según la dirigente gremial, ha cumplido con los objetivos planteados, motivo por el cual los movimientos sindicales exigen la renuncia del presidente de dicho organismo y llaman a que haya un nombramiento inmediato de la junta administradora y del consejo directivo.
ADJUDICACIÓN DE CARGOS
La vocera manifestó preocupación, en nombre del conglomerado, en torno a la valoración de la carrera docente. “La cantidad de docentes en condición de interinos pasa de los 160 mil, pero también hay docentes que son contratados, colaboradores y docentes que son, de una u otra forma, cuidadores de cargo, que es lo más grave”. Indica que, aun cuando hay un proceso de titularidad, no se está tomando en cuenta a todos los docentes, razón por la cual exigen saber cuáles son los parámetros para la adjudicación de cargos.
Afirmó que 20% de las cohortes que egresan de las universidades autónomas y privadas, incluso las y los graduados en las misiones, tampoco pueden ingresar al campo laboral, dado que “muchas veces las zonas educativas les piden que se abstengan y no les reciben la documentación” para darle la titularidad. En tal sentido, manifiesta no aceptar la existencia de ciudadanos de segunda, “porque el docente se respeta y es un ciudadano de primera”. A su juicio, “no puede haber tercerizados porque eso violenta la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras”.
Lo mismo sucede con las encargadurías. Describe la vocera que hay docentes que están dentro de la carrera, pero asumen por necesidad una encargaduría, con la esperanza de que le den el cargo de tiempo completo, coordinador, subdirector o director, y al larga nunca le dan el cargo, nunca le pagan la jerarquía y los jubilan con su cargo anterior. En su opinión, “eso es una burla”.
INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD
Refiere la profesora Carmen Aguirreche que, según las declaraciones de las autoridades -recogidas por la prensa- hay 27 mil planteles en todo el país, de los cuales, 19 mil han sido objeto de mantenimiento. No obstante, estima que el número de instituciones reparadas es menor.
“Nosotros hemos hecho un monitoreo a nivel nacional y consideramos que eso no es así. De acuerdo a las cifras, más del 40% de la infraestructura escolar está deteriorada”. Frente a esa situación, demanda mayor apoyo, ya que esos son los espacios donde las y los maestros desarrollan su trabajo.
Además señaló que han recogido muchas denuncias en torno a la inseguridad que se vive en los planteles. “Muchas veces el docente no se quiere ir, pero solicita la jubilación y la desincorporación en el plantel por la situación de inseguridad que hay, por lo tanto le hacemos un llamado al gobierno para que tome cartas en el asunto”, resaltó.