Voceros del Movimiento de Sindicatos de Base (Mosbase) plantearon que las informaciones de una posible eliminación o reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (Lottt) son infundadas.
“Se trata de crear falsas informaciones con respecto a la presunta derogación de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (Lottt), pues no está formalmente planteada, y de serlo tendrían que consultar con los sindicatos y trabajadores sobre los alcances de estas modificaciones”.
Zambrano aseveró que presuntamente el Gobierno “es que el primero que incumple la Lottt y violenta la inamovilidad”. Son miles de trabajadores que han acudido a las Inspectorías del Trabajo y aún esperan respuestas en cuanto a denuncias por violación a contrataciones colectivas, que no se cumplen, además, hay un sinnúmero de deudas del Estado con respecto a clausulas económicas y sociales”, explicó.
“Al Gobierno le hace falta entender que tiene que hacer política con mucha calidad, no crear falsos positivos, no crear falsas matrices de opinión, a este país le hace falta un Gobierno, que gobierne. Que atienda los problemas reales del país como el funcionamiento de los servicios públicos, el combate a la delincuencia,el abastecimiento de alimentos y dotación a los hospitales”, aseveró el secretario ejecutivo de La Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano.
En cuanto a las presuntas denuncias por parte de trabajadores del sector público sobre persecuciones, amedrentamiento, amenazas y despidos Zambrano, advirtió que se trata de retaliaciones políticas por los resultados adversos contra la gestión del presidente Nicolás Maduro.
SEUDO PROPUESTAS
Joan Chávez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Telefónicos, aseguró que la movilización de trabajadores en rechazo a la presunta privatización de Cantv “no fue una protesta espontánea de la masa laboral, sino una acción política impulsada por la directiva de la empresa coaccionando a los trabajadores a pronunciarse públicamente”.
Chávez aseguró rechaza “cualquier intento de privatización en la empresa telefónica dado el carácter estratégico que para el Estado tienen las telecomunicaciones”.