Delitos por daño ambiental; uso de niñas, niños y adolescentes en manifestaciones violentas; y por crímenes de odio, serán los casos que abrirá el Ministerio Público (MP) venezolano, “investigaciones penales que no fueron abiertas”.
Así lo informó el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, durante una rueda de prensa este viernes, a cinco días de haber asumido el organismo de justicia.
Explicó que serán abiertas causas de oficio por daños ambientales, por la tala y quema de árboles en protestas opositoras ya que “no se abrió ni un solo caso. Hay fotos, videos y documentación del daño al ecosistema en los últimos meses”, al tiempo que agregó que durante las guarimbas de 2014 el MP dio apertura a siete casos por ecocidio. “Este año (2017) no se inició ni una sola”, fustigó.
William Saab, informó que “hay hechos que son noticias crímenes, comunicacionalmente públicos y notorios”.
Los crímenes por el uso de niñas, niños y adolescentes en protestas violentas también serán investigados, “a pesar de que es pública y notoria la participación de niños de 7, 8, 9, 10, 11 y 12 años de edad, niños en edad escolar, no se abrió ni un caso”.
Manifestó que para vergüenza de la Fiscalía General de la República el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) publicó un comunicado expresando su preocupación por dicho hecho.
“Provocó que la Unicef expresara su preocupación, para vergüenza de la fiscalía”, enfatizó.
Asismismo serán investigados los crímenes de odio realizados por grupos, hordas, bandas que en agavillamiento y un especie de actuación al margen de la ley con intención de matar atacan a personas por su orientación política.
Al igual que los casos de personas fallecidas en barricadas, “se ha estado investigando con los familiares, para garantizar justicia”.
MP SOLICITARÁ DECLINAR PROCESOS MILITARES A CIVILES
El Fiscalía General de la República aseguró que, garantizando los Derechos Humanos de los venezolanos, en la actualidad revisa un grupo de casos de civiles quienes están siendo procesados por la jurisdicción militar, para solicitar la declinatoria ante la jurisdiccón penal ordinaria.
William Saab, sostuvo que «es necesario obtener una repuesta rápida. En cada caso de civiles que hayan sido presentados ante tribunales militares y acusados de un delito de naturaleza militar, podrá solicitarse ante el Tribunal Supremo de Justicia que dirima si realmente concierne a esta jurisdicción la imputación de estos ciudadanos. La lista preliminar de casos que podrían generar este conflicto de competencias es de 72 causas».
Manifestó que estos casos no serán usados como bandera política, como lo hizo la administración anterior.
Son al menos 72 causas, aseguró el Fiscal General.
UN MP LLENO DE BUROCRATISMO Y APATÍA
El Fiscal General, destacó que tras revisar las estructuras del Ministerio Público, han encontrado un aparataje lleno de vicios, burocratismo, apatia y corrupción, razón por la que se debe realizar una reestructuración para el perfeccionamiento del sistema de justicia venezolano.
“Hemos encontrado el burocratismo y la apatía como signos que descalifican a esta institución. Nuestro principal objetivo es transformar eso», dijo, en transmisión de Venezolana de Televisión.
William Saab argumentó que en el país no puede haber paz cuando operadores de justicia trafican con la dignidad humana.
Informó que existen indicios de una red de corrupción que cobraba sobornos en dólares para llevar a cabo o no la imputación o el sobreseimiento de una causa.
«Es insólito ir enterándose progresivamente que aquí se daban casos en los que se tasaba en dólares, no solamente si imputas o no a un ciudadano culpable o inocente, sino tasar en dólares el sobreseimiento, o no, de la causa”, lamentó.
Entre las tareas fundamentales de reestructuración, la nueva directiva del MP se plantea acelerar las acciones destinadas a revertir el retardo procesal, que obstruye la oportuna aplicación de justicia.
«Esto se trata de un problema de enormes magnitudes que debe analizar todo el sistema de justicia. Nos hemos puesto como objetivo saldar esta deuda histórica que tiene décadas en la justicia venezolana. No puede ser que un privado de libertad que puede tener años detenido, al momento de ir a una audiencia, esta se cae porque el fiscal no asistió, o el propio tribunal tuvo una falla. Y mientras tanto ese privado de libertad continúa años y años depositado en lugares de reclusión», detalló el fiscal.