Ante la acusación del Ministerio Público, fueron condenados a 3 años de prisión Mónica Arteaga, de 34 años, y Alejandro Caicedo, de 42, ambos representantes del Consorcio Dreamaker´s, tras admitir que estafaron a 63 personas en la venta programada de viviendas y automóviles en Caracas, informó una nota de prensa de la Fiscalía.
Durante la audiencia preliminar, la fiscal 148° auxiliar, ratificó la acusación contra las referidas personas por ser coautores en el delito de estafa, en grado de continuidad, previsto y sancionado en el Código Penal. En el acto realizado en el Tribunal 9° de Control en el Área Metropolitana de Caracas, la pareja decidió admitir los hechos, por lo que fueron condenados a tres años de prisión.
Arteaga y Caicedo se encuentran privados de libertad desde el 26 de julio de 2010. La mujer en el Internado Nacional de Orientación Femenina, mientras que el hombre permanece en el Centro Penitenciario Metropolitano (Yare), ambos ubicados en el estado Miranda.
En fecha 3 de noviembre de 2009, una persona estafada denuncióante el Ministerio la sucripción de un contrato con el Consorcio Dreamaker´s para acceder a un crédito por un monto de 300 mil bolívares, de los cuales canceló 84 mil. La empresa prometió que en un plazo de 60 días continuos se le otorgaría el préstamo.
Igualmente, el 8 de junio de 2010, se recibió otra denuncia ante la División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de una dama que en diciembre de 2008 se inscribió para optar a una vivienda valorada en 350 mil bolívares.
Alegó que pese a ser adjudicada en marzo de 2009, luego de realizar varios depósitos por diferentes cuotas para un total de 51 mil 500 bolívares, llegó el tiempo estipulado en el convenio (agosto de 2009) para la verificación de los documentos consignados, y ante el incumplimiento, exigió la devolución del dinero aportado, pero se le alegó no poder hacerlo por falta de liquidez.
En parecidas circunstancias fueron afectadas otras 61 personas, la mayoría luego de aportar cuotas para las adquisiciones de viviendas, motos, vehículos y préstamos personales.
Con la condena penal, las víctimas podrán optar por la reparación civil ante los tribunales de dicha jurisdicción.