El ataque policial del pasado domingo 19 de junio a los maestros y demás población que se encontraba bloqueando una carretera en Asunción Nochixtlán, Estado de Oaxaca, en respaldo a los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que llevan varios meses en lucha contra la reforma educativa, se saldó con 13 muertos, 22 desaparecidos y 45 heridos de bala –según últimos reportes.
Los videos existentes muestran cómo la Policía Federal y la Policía Estatal disparan a los manifestantes (y no al aire) para dispersarlos, en una acción cuya violencia recuerda, lamentablemente, a otros hechos que se han dado en la historia reciente del país, como el desalojo del bloqueo en el pueblo de San Salvador Atenco en 2006 o el ataque en el zócalo de la capital oaxaqueña contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), también en ese mismo año. Acontecimiento este último que se puede considerar como un antecedente directo del conflicto magisterial actual en la zona. Por no hablar del más reciente ataque a los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, todavía pendiente de justicia y de la aparición de los 43.
Sin embargo, el conflicto educativo no se circunscribe a un Estado, es más amplio. Las protestas de los maestros agrupados en la CNTE se han estado sucediendo en los últimos meses, pero también desde hace años, en diversos Estados. Sólo dos días antes de los hechos de Nochixtlán, la CNTE se manifestaba en la Ciudad de México ante un despliegue policial descomunal. Pero el 14 de junio también se manifestaba para exigir la liberación de varios de sus dirigentes, detenidos días antes bajo acusación de “lavado de dinero y robo de libros” [i].
Los maestros de la CNTE se oponen a la reforma educativa del Gobierno de Enrique Peña Nieto aprobada por el Congreso de la Unión en el marco de las reformas estructurales del Pacto por México de 2013 [ii]. Una reforma que desde el Gobierno se presenta como un avance hacia un sistema meritocrático y una educación de calidad pero que, para la CNTE se trata de una reforma laboral encubierta que viene a precarizar, todavía más, sus condiciones laborales. Además, los maestros consideran que esta reforma abre la puerta al despido masivo de maestros [iii].
La CNTE [iv] surge en 1979 como una corriente opuesta al hegemónico Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que agrupa a millones de afiliados a los que moviliza electoralmente en función de los intereses de su dirigencia. El SNTE, creado en 1943, es el típico exponente del charrismo priísta, aliado del poder y manejado de manera mafiosa por unos líderes multimillonarios. De hecho, su ex presidenta durante más de diez años, Elba Esther Gordillo, se encuentra en prisión desde 2013, cuando al poco tiempo de iniciar su mandato, el presidente Peña Nieto quiso mandar un mensaje político de fortaleza a través de su detención [v].
Conviene no confundir a ambos sindicatos porque su origen y su razón de ser son diametralmente opuestos, de ahí el distinto trato que reciben por parte de las autoridades. Mientras a los que han colaborado durante décadas con el poder, el SNTE, se les ha permitido hacer de la educación un negocio, con plazas de profesores heredadas de padres a hijos, financiación y enriquecimiento ilícito, etc.; a los que se han opuesto a dichas prácticas, la CNTE, levantando la voz para denunciar las condiciones precarias en las que un maestro tiene que ejercer su profesión en el país, protestando y haciendo paros y bloqueos, se les ha perseguido hasta la muerte.
En México, organizarse y luchar contra las políticas de despojo neoliberal que se vienen aplicando con fruición desde la década de los ‘80 pero, con mayor velocidad, en los últimos sexenios, supone poner en riesgo la vida. Pero, aunque esto es más que evidente para cualquiera que no esté ciego, la comunidad internacional mira para otro lado, generalmente al lado de Venezuela. Si una décima parte de las desapariciones, asesinatos, ataques policiales, secuestros, etc., donde están implicadas autoridades federales, estatales o municipales mexicanas, tuvieran lugar en el país suramericano, seguramente EEUU ya habría invadido para “poner orden”.
La prensa internacional defensora del statu quo también es cómplice de estas masacres. Cuando El País de España titulaba el lunes que los maestros mexicanos son “radicales” [vi] mientras que los manifestantes de oposición que matan a transeúntes inocentes en Caracas son manifestantes sin más, está eligiendo creer en un caso al Gobierno mexicano pero no creer al venezolano. Teniendo en cuenta el récord histórico de muertes y desapariciones que lleva el Estado mexicano. ¿Por qué creerle antes al Gobierno de Peña Nieto que al Gobierno de Nicolás Maduro? ¿Tendrá algo que ver el hecho de que el primero haya puesto en marcha una reforma energética que rompe con el monopolio estatal de Pemex y pone los hidrocarburos mexicanos al servicio del capital internacional y el segundo no esté dispuesto a que PDVSA y el petróleo venezolano vuelvan a estar a disposición de los intereses extranjeros sin ningún tipo de límite gubernamental?
Mientras el mundo es bombardeado con noticias (muchas de ellas auténticos ejercicios de intoxicación informativa) sobre el hambre en Venezuela, sobre la dramática “crisis humanitaria” que vive ese país, con reportajes sobre las “neveras vacías” [vii] de los venezolanos, de las colas para comprar comida, etc.; en México se informaba recientemente que 32 millones de trabajadores mexicanos no tienen ingresos suficientes para adquirir alimentos [viii]. Es decir, ni siquiera podrían hacer cola porque no tienen con qué comprar… En algunas comunidades indígenas, por no tener, no tienen ni refrigeradores. De todos modos, aunque los tuvieran, tampoco tendrían nada que meter en ellos. Por supuesto, nada de lo anterior apareció en la prensa internacional.
El agravio comparativo es tan grande que clama al cielo. Si la Organización de Estados Americanos (OEA) sirviera para algo, aparte de para hacer política contra los gobiernos que no son del agrado de EEUU, el señor Almagro debería haber activado hace tiempo la Carta Democrática Interamericana [ix] para atender la grave situación por la que pasa la población de México. ¿Acaso México no demuestra contravenir el Título III, “Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza” de la Carta Democrática al ser incapaz de dar de comer a todos sus ciudadanos? ¿Acaso la represión policial y militar para atajar los conflictos sociales con grupos disidentes no vulnera la “Promoción de la Cultura Democrática” recogida en el Título VI? La existencia de decenas de miles de desaparecidos y cientos de presos políticos en México ¿no amerita ningún tipo de pronunciamiento siquiera de la OEA?
Seguiremos esperando (es un decir) que el señor Almagro aplique la misma vara de medir para analizar y juzgar la situación interna de todos los países miembros de la OEA. Como eso no va a suceder, porque si sucediera se desmontarían todas las mentiras vertidas sobre Venezuela y se develaría la falsa preocupación por los derechos humanos de quienes mandan en estos organismos internacionales, esperamos, al menos, que los países dignos del continente tomen nota y dejen la OEA a su suerte, como un cascarón vacío de tiempos ya pretéritos. Es tiempo de reforzar la CELAC como mecanismo de diálogo intergubernamental pero también como bloque de poder contrahegemónico que demuestre que la región latinoamericano-caribeña ya no necesita de tutelas externas para solucionar sus problemas internos.