Contrario a las repúblicas donde el presidente es electo por voto popular, en la monarquía española esa figura es impuesta por el Rey y debe ser votado por la mayoría absoluta (176 diputados) del Congreso, cuyos 350 diputados sí llegan a su escaño por la vía del sufragio directo.
En los últimos comicios, realizados el pasado 20 de diciembre, el bipartidismo conformado por el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (Psoe), que había gobernado por 40 años, se rompió con el surgimiento de dos nuevas fuerzas políticas, Podemos y Ciudadanos.
El PP obtuvo 123 escaños y el Psoe 90; mientas que Podemos alcanzó 60 y Ciudadanos 49, situación que obligó a los partidos tradicionales a negociar con las fuerzas emergentes.
Por ello, a dos meses de que el pueblo español acudió a las urnas para decidir la configuración del órgano legislativo, el país europeo aún permanece sin Presidente; esto en vista de que los cuatro principales partidos no han logrado unificar sus preferencias en cuanto al candidato presidencial.
Por ser una monarquía parlamentarista, el candidato al Ejecutivo es designado por el Rey y luego votado en el Congreso. En este caso, Felipe VI esperó que se dieran las negociaciones y finalmente escogió al líder del Psoe, Pedro Sánchez, sin embargo, el candidato no necesariamente debe ser un representante de los partidos ni un diputado electo. La norma española indica que las únicas condiciones para ser postulado por el monarca son: ser ciudadano español, mayor de edad y no estar inhabilitado.
Inicialmente, el representante del partido de gobierno, y el más votado, Mariano Rajoy, declinó su candidatura a la reelección debido a que, confesó él mismo, no contaba con el apoyo de los otros partidos para lograr el cargo.
DE CARA A NUEVAS ELECCIONES
Este 1° de marzo se realizó el debate de investidura, durante el cual Sánchez emitió un discurso que fue desestimado por la mayoría del Congreso, quedando la votación en 130 a favor (Psoe y Ciudadanos), 219 en contra y una abstención.
La Constitución española establece que el candidato necesita la mayoría absoluta en la primera discusión para ser investido, de no ser así, se realiza un segundo debate 48 horas después, en el que el candidato debe ser aprobado por la mayoría simple, es decir, la mitad de los diputados más uno.
A partir de este momento comienzan a correr dos meses, tras los cuales, de no lograrse un consenso, se convocaría a nuevas elecciones. La fecha tentativa para estas sería el 26 de junio.
Tras las fuertes denuncias contra las medidas de austeridad que ha aplicado el gobierno de Rajoy, así como sobre la corrupción, delitos de lesa humanidad que han sido cometidos contra líderes laboristas y actos de terrorismo, reiteradas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, durante el intento de investidura, quedó negada cualquier posibilidad de negociación de éste con Psoe y Ciudadanos, coalición que los diarios españoles habían considerado como un posible «Gobierno de izquierdas».
A su salida del Congreso, Iglesias insistió en que no transará con partidos que considera contrarios a los intereses de la organización, y que apuesta por la adhesión de otros partidos a su programa de justicia social.