La Asociación Española de Banca (AEB) anunció este lunes la suspensión durante los próximos dos años de los desahucios de viviendas para aquellas familias en situación de extrema vulnerabilidad.
En un comunicado, la AEB explicó que la prórroga de los desalojos de hogares responde a «razones humanitarias», después de que dos personas se suicidaron en los últimos 15 días ante la imposibilidad de pagar la hipoteca, lo cual provocó un movimiento de protesta social.
«El contenido de este compromiso había sido objeto de un debate intenso y profundo de los bancos asociados, con el fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica», indicó la patronal bancaria.
Sin embargo, la asociación no esclarece los criterios que definen los casos de extrema necesidad.
Subrayó que fue alertada por la alarma social generada tras la expulsión de propietarios que no pueden abonar los préstamos asumidos con las entidades financieras.
La AEB aseguró que está a disposición del Gobierno, del principal partido de la oposición y del resto de formaciones políticas para dar su opinión sobre la reforma normativa que se está negociando.
Precisamente, este lunes se reunirá el grupo de expertos designado por el Ejecutivo del derechista Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español para adoptar medidas urgentes que permitan atenuar la lacra social de los desahucios y plantear cambios normativos.
El encuentro de las dos principales agrupaciones políticas de este país se produce luego de que el viernes último una mujer de 53 años se quitó la vida en la localidad vasca de Baracaldo, cuando iba a ser echada de su hogar por no poder afrontar el pago de la hipoteca.
Es la segunda muerte que se registra en España por los mismos motivos, después de que el pasado 25 de octubre un hombre se ahorcó en la sureña ciudad andaluza de Granada, también antes de ser desalojado de su morada por una orden judicial.
Desde el inicio de la debacle financiera en 2008, se realizaron más de 370 mil ejecuciones hipotecarias en esta nación europea, que dejaron a centenares de miles de personas en la calle con una deuda de por vida.
En los últimos meses, esas cifras aumentaron como consecuencia del incremento del desempleo, que roza ya los seis millones de personas (25 por ciento de la población económicamente activa), la tasa más alta del mundo industrializado.
La actual ley hipotecaria no contempla de forma general que la entrega de la vivienda -lo que se conoce como dación en pago- sea suficiente para saldar la deuda adquirida con el banco, con lo cual los afectados están obligados a continuar pagando su crédito.