En Costa Rica, las autoridades de ese país implementarán, por un periodo de tres meses, un plan para documentar a cientos de trabajadores para que tengan un estatus legal en el país y obligar así a las empresas que los contratan a cumplir con todas las obligaciones legales, entre ellas seguro social, salario mínimo y jornada máxima.
El ministro de Trabajo, Olman Segura, indicó que el principal objetivo es hacer «un llamado, formal y vehemente a todos los empleadores para que en los sectores de la agricultura, la construcción y trabajo doméstico, regularicen a todas las personas trabajadoras».
«Debemos cumplir con los derechos laborales y es necesario que pongan a derecho cualquier situación irregular que exista», agregó el Ministro, según lo reseñaron agencias internacionales de noticias.
El titular de la cartera de Trabajo señaló que estos sectores son el foco de atención de ese despacho pues se ha detectado que en estas actividades «existen muchas limitaciones en el cumplimiento de los derechos laborales».
El período especial de atención para atender a estos trabajadores será entre el 17 de junio y el 17 de septiembre, y en estos meses, los inmigrantes podrán realizar los trámites necesarios en el consulado de su país en San José, en lugar de tener que viajar a sus lugares de origen.
El viceministro de Gobernación, Freddy Montero Mora, resaltó que «se busca proteger los derechos fundamentales de una importante cantidad de personas que ya son parte del pujante proceso diario de diversos sectores productivos del país, como fincas agrícolas, la construcción y cientos de hogares costarricenses donde trabajan como empleadas domésticas».
«Los extranjeros deberán demostrar que tienen una relación laboral de dependencia con anterioridad al día 31 de diciembre del 2012. Además, deben aportar documentación con los antecedentes penales en su país, los cuales tramitarán en sus respectivos consulados», detalló Montero.
Estas medidas se toman semanas después de que el Gobierno denunciara que al menos 600 trabajadores agrícolas nicaragüenses estaban siendo explotados y viviendo en condiciones infrahumanas en fincas de naranjas en la zona fronteriza.