La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró este jueves que el suspendido presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, es el gestor del golpe parlamentario en su contra, disfrazado de juicio político, que la separó de su cargo por 180 días y busca su destitución.
«El gobierno de Michel Temer expresa claramente lo que quiere Eduardo Cunha para Brasil, el poder hegemónico», señaló la mandataria durante una entrevista transmitida por TV Brasil.
Rousseff indicó que para el final de su primer mandato «ya se vio un movimiento inusual desde el centro a la derecha», con el objetivo de sacarla del poder por medio del golpe.
Ratificó que el juicio político en su contra es fraudulento, debido a que no existen pruebas de que haya cometido un crimen de responsabilidad.
«Tengo que volver a la Presidencia porque no cometí ningún crimen, no es solo mi mandato sino las consecuencias que tiene sobre la democracia, esto afecta a todos los poderes», reiteró.
También acusó a los medios de comunicación de ser actores políticos durante el proceso de golpe de Estado.
La jefa de Estado destacó las conquistas sociales alcanzadas durante su gestión, las cuales se encuentran en peligro con las políticas neoliberales del Gobierno interino de Temer.
¿QUÉ SUCEDE EN BRASIL?
Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) para impedir que se mantengan al frente del Gobierno.
La acusación central de la oposición contra la mandataria para justificar un juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas en su contra.
Pese a la falta de una base legal para realizar un juicio político en contra de Rousseff, el pasado 17 de abril la Cámara de Diputados aprobó el pedido de impeachment con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausentes.
Posteriormente, el Senado de Brasil aprobó el proceso de juicio político contra la presidenta el pasado 12 de mayo con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado).
En este lapso las autoridades brasileñas deberán demostrar las pruebas contra la mandataria que no fueron presentadas ni en la Cámara baja ni en el Senado.