La apertura este año en Ecuador de un Centro Nacional del Sistema Integrado de Seguridad confirma la disposición del Estado de reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Esta nueva entidad estará enclavada en Quito y será entregada en octubre próximo, para atender las necesidades de cerca de tres millones de personas de las provincias de Pichincha, donde está enclavada la capital del país; Napo y Orellana.
El ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, señaló que la institución se integra a la similar de su tipo inaugurada en la provincia de Guayas, la más poblada del territorio nacional.
Además, anunció que se construirán centros similares en las municipalidades de Ibarra, Portoviejo, Ambato, Cuenca, Machala, y varios locales distribuidos en Esmeraldas, Tulcán, Nueva Loja, Santo Domingo, Babahoyo, Riobamba, Macas y Loja.
El centro quiteño contará con parqueos de autos, salas de estar, áreas verdes, salas de monitoreo, comunicación vía satélite, monitoreo y un helipuerto, lo que le permitirá articular su trabajo con varias instituciones.
Se pretende, según Orellana, atender de manera prioritaria cualquier tipo de emergencia, para lo cual se instalarán 600 cámaras en el interés de reforzar la llamada video-vigilancia.
El presidente Rafael Correa señaló que estas obras permitirán al país tener el sistema de seguridad más avanzado de toda la región.
Por otra parte, los controles policiales se reforzaron en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, con la entrega de 20 motos y 10 patrulleros por el ministro del Interior, José Serrano.
El titular declaró que en 70 días se entregarán otras 19 Unidades de Policía Comunitaria, que permitirán un patrullaje continuo en el país en la lucha contra la delincuencia.
Ecuador también lleva a cabo la campaña Los más buscados, iniciada en 2010 y consolidada como política de Estado, mediante la cual se ofrecen recompensas por la información que permita capturar a delincuentes considerados de alta peligrosidad.
En casi dos años esta estrategia ha permitido capturar a 67 ciudadanos con causas pendientes con la justicia ecuatoriana.