El gobierno conservador de Mariano Rajoy vaticinó hoy que la tasa de desempleo en España, segunda más alta de Europa, se sitúe a finales de 2019 en 12,8 por ciento de la población económicamente activa.
Así lo anunció el ministro de Economía Luis de Guindos al término de una reunión del Consejo de Ministros, que este viernes aprobó una batería de medidas y la actualización del cuadro macroeconómico que Madrid remitirá a la Unión Europea UE).
La administración del derechista Partido Popular espera que el índice de desocupación -al cierre del tercer trimestre de este ejercicio era de 18,9 por ciento, más de 4,3 millones de parados- baje hasta el 17,6 por ciento en 2017 y al 15,6 por ciento en 2018.
En el caso del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la previsión del ejecutivo para este año es de 3,2 por ciento y de 2,5 por ciento para el próximo.
Sin embargo, auguró una expansión del PIB de 2,4 por ciento en 2018 y 2019, lo que supone una décima menos de lo estimado anteriormente.
Según las proyecciones para la economía española anunciadas este viernes, el gobierno de Rajoy, en minoría en su segundo mandato, mantiene el compromiso con la UE de reducir su déficit público al 3,1 por ciento del PIB en 2017 y al 2,2 por ciento en 2018.
‘Es sin duda alguna un gran esfuerzo que se cuantifica del orden de 16 mil millones de euros, punto y medio de Producto Interno Bruto’, indicó el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
La deuda pública bajaría al 99 por ciento del PIB en 2017 tras cerrar este ejercicio en 99,4 por ciento, mientras en 2018 ya registraría, de acuerdo con Montoro, un descenso significativo, al 97,7 por ciento, para llegar al 95,4 por ciento en 2019.
Además el Consejo de Ministros aprobó hoy un techo de gasto para el venidero año de 118 mil 337 millones de euros, el mismo monto con el que se liquidará el presupuesto del Estado de 2016.
Para alcanzar el déficit, el ejecutivo eliminará deducciones empresariales, subirá impuestos especiales que gravan el consumo de alcohol, tabaco y bebidas azucaradas y ejecutará medidas para luchar contra el fraude, como limitar a mil euros los pagos en efectivo.
Como parte de las medidas contra las empresas, limitará la compensación de las bases imponibles negativas y endurecerá la posibilidad de aplazar deudas frente a la agencia tributaria.
La mayor parte de los cuatro mil 650 millones de euros que se espera recaudar con estas disposiciones procederá, no obstante, de la reforma del impuesto de sociedades, el cual aportará previsiblemente cuatro mil 300 millones.