El gobierno boliviano trabajará para enfrentar el crimen organizado, sobretodo con la intención de reformar las leyes y endurecer las penas, aseguró este martes el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero.
Romero aseguró que es necesario debatir la política criminal «a propósito de la reforma del Código Penal, la Ley del Ministerio Público y las reformas judiciales».
Mejorar la seguridad ciudadana no depende solo del fortalecimiento de la Policía, sino también de reformas judiciales, al régimen penitenciario, a la Ley del Ministerio Público y del «órgano Judicial, aseguró.
El ministro de Gobierno es partidario de actuar con mano dura como pide la población, aunque no aclaró si ese endurecimiento llegaría hasta la pena de muerte, una demanda de los habitantes de la Ciudad de El Alto ante el aumento de la criminalidad en la urbe.
Romero reconoció que la seguridad ciudadana constituye parte de la agenda en diferentes países, como una tarea prioritaria y estratégica para enfrentar al delito, y admitió que Bolivia no es la excepción, por lo cual la agenda gubernamental definió un paquete de normas que deben ser desarrolladas adecuadamente para fortalecerla.
«Nuestra agenda contempla un trabajo del fortalecimiento institucional de la Policía en infraestructura, dotación de medios, vehículos y la modernización tecnológica, pero, al mismo tiempo, no descuidamos las reformas en la justicia», aclaró Romero.
El auge de la violencia en varias ciudades de Bolivia, sobre todo en El Alto y Santa Cruz, provocó manifestaciones diversas de la población en reclamo de medidas más duras para frenar la acción de los criminales.
La muerte de dos periodistas la semana pasada en El Alto generó protestas en la referida ciudad y una marcha hasta La Paz para pedir la instauración de la pena de muerte, que el gobierno descarta establecer, pero asegura que endurecerá las sanciones con la intención de controlar los índices de criminalidad.