El gobierno interino de Brasil que dirige Michael Temer, luego de suspender sin bases legales a la presidenta Dilma Rousseff, busca presuntamente frenar las investigaciones por corrupción de políticos y empresarios.
El medio ruso Sputinik citó al diario brasileño Folha de Sao Paulo que apuntó este lunes que el senado del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDM) y actual ministro de Planificación, Romero Jucá, prometió al expresidente de la compañía Transporto, Sérgio Machado, un pacto para frenar la Operación Lava Jato en caso de lograr la suspensión de Rousseff.
La Operación Lava Jato se encarga de indagar en el lavado de dinero y malversación de fondos, en crímenes en los que están involucrados varios de los ministros nombrados por Temer, entre ellos Jucá.
El Folha de Sao Paulo apuntó a la existencia de unas grabaciones de 75 minutos obtenidas por la Fiscalía General de la República en el mes de marzo en las que Jucá, considerado el hombre de confianza de Temer, prometió «estancar la sangría» de las investigaciones de la Policía Federal una vez el gobierno interino tomase posesión.
En la conversación el empresario exigió a Jucá medidas desde el nuevo gobierno para frenar el avance de las investigaciones en su contra desde el Tribunal Supremo Federal (TSF) hasta el juez de la Justicia Federal, Sérgio Moro, lo que advirtió que provocaría problemas al PMDB.
Asimismo, el ministro habló de construir un pacto nacional desde el nuevo gobierno con los miembros del TSF, sin embargo, aunque las dificultades de convencer a algunos de ellos uno de ellos sería el magistrado Teori Zavascki quien es el encargado de dirigir las investigaciones de la Operación Lava Jato desde la Corte Supremo las cuales apuntan directamente a Jucá.
Romero Jucá, quien además sustituyó a Michel Temer como nuevo líder nacional del PMDB en el mes de abril, fue acusado por miembros de las constructoras Camargo Correa y Andrade Gutierrez como receptor de sobornos provenientes de los contratos para las obras de la central nuclear Angra 3 y la hidroeléctrica de Belo Monte.
Por su parte, el ministro de Casa Civil, Eliseu Padilha, y el secretario especial de gabinete, Moreira Franco, ambos exministros en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, fueron acusados de recibir sobornos a cambio de facilitar el nombramiento del exsenador del Partido de los Trabajadores (PT), Delcidio Amaral, como director de Petrobras en 1999.
Por último, el nuevo ministro de Turismo, Henrique Alves, y el secretario de Gobierno, Geddell Vieira, están siendo investigados debido a su aparición en los mensajes que contenía el teléfono móvil del expresidente de la constructora OAS, Leo Pinheiro, y en lo que supuestamente habrían exigido sobornos para sus respectivas campañas.
Además existen claras sospechas de que el expresidente de la Cámara de los Diputados e impulsor del impeachment, Eduardo Cunha, del PMDB, también ofreció un pacto para enterrar la Operación Lava Jato a los diputados investigados de los partidos minoritarios del Congreso Nacional a cambio de un apoyo durante la votación para destituir a Rousseff.
El 12 de marzo pasado la mayoría opositora del Senado aprobó destituir a la presidenta Dilma Rousseff alegando supuesta violación de normas fiscales al maquillar el déficit presupuestario de 2015, una falta que no ha sido probada y que además no constituye un crimen de responsabilidad, una condición sine qua non exigida por la constitución brasileña para intentar un impeachment (juicio político).
Tras la decisión, el pueblo de Brasil en varias ciudades del país ha protagonizado concentraciones en rechazo al asalto del poder político en la nación.
Varios de los diputados que votaron en contra de Rouseff en el congreso brasileño también están siendo investigados en esta trama de corrupción y se beneficiarían del acuerdo.