La infanta Cristina, hermana del rey Felipe de España, responderá ante un tribunal de la acusación de haber cometido dos delitos fiscales en cooperación con su marido, Iñaki Urdangarin, según acordó este lunes un juez de Palma de Mallorca (Islas Baleares, Mediterráneo).
El juez instructor del llamado «caso Nóos», José Castro, la ha incluido como acusada en el auto de apertura de juicio oral que ha dictado este lunes, con lo que se convierte en el primer familiar directo de un rey de España que es acusado ante un tribunal.
La defensa de la infanta reconoció que la decisión del juez es firme pero anunció que la recurrirá por entender que su argumentación sobre la «legitimidad» de la acusación popular para llevarla a juicio en contra de la Fiscalía «va más allá de lo que sería un auto propio de apertura de juicio oral», según el abogado Miquel Roca.
En contra de los argumentos de la defensa de Cristina de Borbón, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el juez Castro considera que la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias está legitimada para llevar a juicio en solitario a la hermana del rey, para la que reclama ocho años de prisión.
El caso, abierto en la Audiencia de Palma de Mallorca en 2010, investiga al Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que presidió Urdangarín, a la que supuestamente se desviaron 6,1 millones de euros de fondos públicos entre 2004 y 2007.
La infanta Cristina y su esposo crearon la sociedad Aizoon, que compartían al 50 %, a la que presuntamente se desviaron los fondos ilícitos, lo que supondría un fraude a la Hacienda Pública.
En su declaración como imputada ante el juez Castro el 8 de febrero de 2012, la hermana del rey se desentendió de la gestión de Aizoon y afirmó que había confiado plenamente en su marido.
En el auto el juez instructor fija para Cristina de Borbón, de 49 años, una fianza por responsabilidad pecuniaria de 2,6 millones de euros (3,1 millones de dólares al cambio actual).
La defensa de la infanta y la Fiscalía Anticorrupción habían presentado escritos para el sobreseimiento de la causa en el caso de Cristina de Borbón en aplicación de una doctrina del Tribunal Supremo por la que en su momento no se llevó a juicio al expresidente del Banco Santander Emilio Botín.
Una de las razones del instructor es que en el caso en el que el Supremo decretó que la acusación popular no estaba legitimada por sí sola para llevar a juicio al presidente del Banco de Santander, la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclamaban el sobreseimiento de la causa, mientras que en el caso Nóos sólo lo solicitan para la infanta, no para los otros acusados.
Para el abogado de la infanta Miquel Roca la resolución del juez Castro contradice la «doctrina Botín», que ve «muy establecida y muy consolidada».
Además de Cristina de Borbón, otras dieciséis personas serán juzgadas por diferentes delitos en este proceso, entre ellas su esposo, Iñaki Urdangarín, al que el juez impone una fianza por responsabilidad pecuniaria de 14,7 millones de euros (unos 18 millones de dólares), la más cuantiosa de todos los acusados.
Tras conocerse la decisión del juez Castro, la Casa del rey expresó su «respeto absoluto a la independencia del poder judicial».
Un portavoz añadió que corresponde a la propia infanta la decisión de renunciar o no a sus derechos dinásticos – ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión -.
Apartada de toda actividad institucional desde finales de 2011, Cristina dejó de ser miembro de la Familia Real tras la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI, en junio de este año, al pasar de ser hija a hermana del monarca, ya que esa pertenencia se aplica únicamente a los padres y los hijos de los reyes.