Un déficit fiscal de mil 270 millones de dólares en el presupuesto nacional para 2013 aprobado por la Cámara de Diputados, además de negar aumento general de salarios, impacto este jueves en la sociedad paraguaya.
La mayor sorpresa para quienes aspiraban a una austera Ley de Gastos dada la grave situación financiera del país que provocó recortes unilaterales en las partidas presupuestarias vigentes, la constituyó el incremento de 91,2 millones de dólares para privilegiadas entidades estatales.
Mientras rechazó el aumento general del 20 por ciento de emolumentos solicitado por los sindicatos, la Cámara elevó en 109 por ciento los fondos destinados a bonificaciones de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, al aprobar 23,6 millones de dólares para ello.
El presupuesto de la Fiscalía creció en 44 por ciento y el del Ministerio del Interior en 77 por ciento, mientras el Consejo de la Magistratura, es decir el colectivo de la alta dirección del Poder Judicial que disfruta de altos salarios y beneficios, consiguió 251 por ciento más en bonificaciones.
No quedó desamparado el Tribunal Supremo de Justicia Electoral, el cual logró un incremento del 41 por ciento, destinado sobre todo a contratación y pago de los llamados operadores políticos, supuestamente para servir a los partidos que participan en las justas electorales.
Todos estos incrementos tienen que ver, como señalaron medios de prensa, con las exigencias de los partidos tradicionales, que controlan el Congreso y ya se encuentran enfrascados en un enfrentamiento electoral con vistas a los comicios del próximo año.
Ellos tratan de alcanzar los mayores beneficios económicos de los fondos estatales teniendo en cuenta los grandes gastos que conllevan sus campañas electorales.
Sin embargo, las opiniones divergentes sobre el jugoso presupuesto aprobado son de quienes advierten que puede llevar al Estado a la bancarrota, y de sectores de trabajadores y campesinos no representados en la vorágine de gastos aprobada en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.