La explotación sexual de menores será clasificada como «amenaza nacional» en Reino Unido, al mismo nivel que el crimen organizado y el terrorismo.
La iniciativa propuesta por el Gobierno británico irá acompañada de penas de hasta cinco años de prisión contra los funcionarios públicos y concejales que ignoren indicios de abuso sexual en niños y adolescentes.
Estas y otras medidas han formado el núcleo de una cumbre sobre explotación de menores que el primer ministro, David Cameron, presidió en Downing Steet este martes por la tarde.
«Chicas jóvenes están siendo abusadas una y otra vez a escala industrial, las violan y son entregadas de un grupo a otro de perpetradores», denunció el líder conservador a los asistentes al encuentro en su residencia oficial.
Los abusos sexuales de niñas vulnerables es un problema que se extiende por casi todo el país. Hoy mismo se ha publicado el resultado de una investigación que ha detectado 373 posibles víctimas de abusos en serie en la región de Oxfordshire en los últimos 16 años.
Meses atrás, otro informe independiente confirmó que al menos 1.400 adolescentes, algunas de once años, sufrieron penurias indecentes o fueron incitadas a la prostitución en Rotherham, localidad del norte de Inglaterra.
Investigaciones de denuncias de abusos de menores de edad perpetrados desde la década de los setenta siguen abiertas en Londres y Belfast.
En la mayoría de casos analizados, las autoridades locales han sido recriminadas por cerrar los ojos a la explotación sexual de niñas vulnerables o consideradas socialmente problemáticas que estaba sucediendo a la luz del día.
«Debemos ser intolerantes de los abusos y no podemos pasar delante sin hacer nada como sucedió en numerosas ocasiones en el pasado», advirtió hoy el líder conservador.
La propuesta, que ha entrado en fase de consulta, penalizará a profesores y asistentes sociales que no levanten la alarma cuando sospechen que algún menor corre riesgo de ser explotado sexualmente.
Los cargos electos y funcionarios de los ayuntamientos estarán sujetos también a posibles condenas en prisión si se demuestra «negligencia voluntaria» respecto a la situación de niños y adolescentes.
Además, los servicios de policía y las fuerzas de seguridad deberán destinar más recursos a la nueva «amenaza nacional» si los planes anunciados hoy se aprueban definitivamente.
«Debemos tener el propósito real de que esto concluya ya, que no suceda de nuevo y que reconozcamos los abusos por lo que son», enfatizó Cameron en la reunión de Downing Street.