Los trabajadores sanitarios de Madrid iniciaron hoy la segunda de cinco jornadas de huelga contra los recortes presupuestarios y los planes de privatización emprendidos en la salud pública por el gobierno de esta región autónoma española.
Unos 75 mil empleados de todos los hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid, administrada por el derechista Partido Popular (PP, al frente también del Gobierno de España), están llamados a secundar el paro.
El objetivo de la medida de fuerza es exigir la retirada del denominado Plan de Garantías de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, que incluye la privatización de la gestión de seis grandes sanatorios y de 27 centros de atención primaria.
También comprende el cierre del Instituto de Cardiología, la centralización de laboratorios y la extinción de 26 categorías de profesionales no sanitarios, entre otras impopulares medidas, con el objetivo de reducir el déficit fiscal.
Los sindicatos del sector denunciaron que ese plan, junto a los presupuestos para 2013 aprobados en octubre último por el Ejecutivo regional del PP, dinamita las condiciones laborales.
La decisión de las autoridades madrileñas suscitó el rechazo de la práctica totalidad de los partidos políticos de la oposición y de las organizaciones sindicales, que convocaron los cinco días de cese de labores -uno a la semana- a partir del pasado 7 de mayo.
Los siguientes paros están previstos para los días 22 y 27 de mayo y el 4 de junio.
Esta serie de huelgas, que retoman las realizadas en noviembre y diciembre de 2012, serán respaldadas por todas las centrales obreras con representación en la mesa sectorial de Sanidad.
Los servicios mínimos pactados entre las autoridades y los gremios equivalen a los de un domingo o festivo, y en los nosocomios se mantendrá, además, el personal que tenga guardia programada.
El pasado 27 de diciembre, la Asamblea madrileña (Parlamento regional) dio luz verde a una controvertida norma que permitirá la privatización de seis clínicas y del 10 por ciento de los centros de atención primaria de esta autonomía.
Gracias a la mayoría absoluta del PP, el legislativo autonómico aprobó entonces la conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2013.
Esas cuentas contemplan una poda presupuestaria en la sanidad pública del siete por ciento (casi dos mil millones de euros).
Este plan de privatización fomenta la exclusión sanitaria de los más desfavorecidos y en lo único que es eficiente es en trasladar el dinero del bolsillo de los ciudadanos a las empresas que gestionarán los centros, denunciaron los sindicatos.