La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya la apertura de una investigación contra los altos mandos del Ejército colombiano, durante el Gobierno de Álvaro Uribe, por ser responsables de la ejecución de civiles durante las operaciones militares conocidas como «falsos positivos».
La FIDH presentó un informe este martes en el cual condena estos “crímenes de lesa humanidad” perpetrados por fuerzas militares colombianas, bajo órdenes directas del Alto Mando.
En ese sentido, instó a la ONU a no valorar solamente las informaciones recibidas del Gobierno colombiano, “dada la participación de partes del aparato estatal en la comisión de estos crímenes en masa».
El informe detalla que entre 2002 y 2008 se produjeron en Colombia al menos tres mil 345 ejecuciones extrajudiciales, que posteriormente serían presentadas ante la justicia como “bajas en combate”.
El objetivo de los «falsos positivos» era inflar los aparentes “buenos” resultados obtenidos en la guerra del Ejército colombiano contra las guerrillas y, en especial, en la lucha principal contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“La mayoria de las víctimas eran hombres jóvenes, algunos sin trabajo, otros campesinos o habitantes de zonas rurales de escasos recursos económicos”, destaca.
La Federación agrega que la mayoría de los casos seguía un patrón similar: “meses después de abandonar sus casas, (las víctimas) convencidas por terceros para buscar un trabajo o futuro mejor en algún lugar lejano, aparecían muertas vestidas de guerrileros o con armas en las manos”.
El documento, de unas 50 páginas, denuncia que los máximos responsables de estos crímenes de lesa humanidad aún siguen impunes.
El texto sostiene además que las investigaciones en Colombia por estos crímenes se limitan a juicios a soldados de poca categoría. «No existen investigaciones penales efectivas iniciadas contra los altos mandos militares, máximos responsables de las ejecusiones».
También lamentan que el sistema judicial colombiano investigue solamente las “desapariciones forzadas”, dejando de un lado las acusaciones por tortura, violencia sexual y detención arbitraria.
Los “falsos positivos” salieron a la luz pública durante la administración de Uribe. En 2010, Wikileaks destapó las presiones que ejercía la cúpula militar para ocultar estos delitos, «intimidando a testigos para evitar que declaren».
La CPI realiza en este momento «análisis preliminares» en el caso de Colombia. Esto significa que luego de estudiar si se han cometido delitos de competencia de la Corte, aplicarán el llamado «test de complementariedad», para determinar si las autoridades nacionales están investigando estos crímenes.
Para la FIDH, los falsos positivos son sólo una pequeña muestra de los 32 mil desaparecidos que existían en Colombia cuando Uribe abandonó el cargo en agosto de 2010, en medio del escándalo de los servicios secretos del país (DAS). Este escándalo se originó luego que un antiguo reponsable del DAS, bajo control directo del expresidente, terminara en prisión acusado de facilitar datos a los paramilitares sobre líderes sociales y sindicales que después fueron asesinados.