La resolución del Parlamento costarricense de autorizar el ingreso de 46 buques de guerra y 7 mil marines estadounidenses al territorio nacional, por un “acuerdo de patrullaje conjunto contra el narcotráfico”, fue objeto de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, interpuesta por el ciudadano Yeudy Blanco.
“Esta vez se excede por la cantidad de aeronaves y efectivos que podrían entrar en el país. Las condiciones son muy permisivas, es como darles un cheque en blanco, y lo considero peligroso”, explicó Blanco a la prensa local. Acotó que además que el permiso viola la constitución y pone en riesgo la ciudadanía.
En la sede legislativa también el tema fue objeto de una fuerte polémica. Este sábado, diputados de oposición indicaron que presentarían un recurso de amparo contra esta disposición por considerarla ilegal y porque transgrede un acuerdo bilateral firmado hace diez años en el que se permitía el ingreso de guardacostas norteamericanos. Los parlamentarios calificaron este hecho como ilegal y violatorio a la soberanía nacional.
El viernes, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó, con 31 votos a favor y ocho en contra, la entrada de las fuerzas militares norteamericanas que se quedarán en la nación centroamericana entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2010 con la excusa de luchar en contra del narcotráfico.
Los partidos que rechazaron la decisión de la Asamblea expresaron que la presencia militar estadounidense no es proporcional al objetivo que venían a cumplir que es el de combatir el tráfico de drogas. Criticaron las condiciones bajo las cuales las fuerzas navales estarán en el país centroamericano, puesto que tendrán libertad plena para efectuar las actividades necesarias para el cumplimiento de su misión.
El partido Frente Amplio invitó a la población a reflexionar sobre la importancia que tiene la región para los norteamericanos, que es considerada por ellos su área de influencia, y aludió a la estrategia estadounidense de dominar la región centroamericana en su totalidad tras el golpe de Estado en Honduras y la instalación de siete bases militares en Colombia.
Desde el 1 de julio próximo, Estados Unidos trasladará al territorio costarricense unos buques capaces de transportar 200 helicópteros y aviones de guerra.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
La presidenta de la República, Laura Chinchilla, afirmó ayer que el Gobierno no pretende militarizar la lucha contra las drogas, aunque para el patrullaje se autorice la entrada de 46 buques de guerra de los Estados Unidos.
Delegó a su personal de gobierno la explicación del motivo por el que Estados Unidos solicitó al país autorización para la entrada a aguas costarricenses de 46 embarcaciones, 200 helicópteros, 7.000 hombres y diez aviones de combate Harrier, publicó el diario La Nación.
Por su parte, el ministro de Seguridad, José María Tijerino y el comisionado antidrogas del Gobierno, Mauricio Boraschi, afirmaron que no hay interés en militarizar el patrullaje conjunto que realizan Costa Rica y Estados Unidos desde 1999.
Indicaron que las naves militares vienen bajo el mando del servicio de Guardacostas estadounidense, para “apoyar las acciones de las autoridades de Costa Rica”.
En cuanto al permiso para que 7.000 hombres entren al país con sus uniformes puestos, ambos enfatizaron que no llegarán todos juntos, ni tampoco realizarán trabajos que les correspondan a las fuerzas policiales costarricenses.
Recalcaron que “es preferible que transiten por el país soldados estadounidenses antes que sicarios o traficantes de drogas”.