Este viernes|Protestan contra tasas judiciales aprobadas por Gobierno español

Jueces y fiscales protestaron este viernes en numerosas ciudades de España contra la ley de tasas judiciales del gobierno conservador de Mariano Rajoy, que dificultará el acceso a ese servicio público de los ciudadanos de escasos recursos.

En Madrid, cientos de magistrados y fiscales exigieron la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, durante una concentración frente a la sede de esa cartera gubernamental, en la céntrica calle de San Bernardo.

Al grito de «Gallardón dimisión» o «Qué pasa con las tasas?», los profesionales del sector portaban pancartas en las que podían leerse lemas como «Si no tienes dinero, no tienes derechos» o «Queremos tutelar todos los derechos, no sólo los de quienes pueden pagarlos».

«Más Constitución, menos Gallardón» o «Gallardón dimite, los jueces y fiscales no te admiten» fueron otros de los cánticos coreados contra el titular de Justicia.

La concentración fue apoyada por la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, que integra a todas las asociaciones de estos funcionarios, y por el Consejo General de la Abogacía.

En nombre de los organizadores, el juez decano de Madrid y presidente de la Asociación Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, leyó un manifiesto con un decálogo de reivindicaciones, en el cual califican de desproporcionadas las nuevas tasas judiciales.

Las siete asociaciones rechazan una subida en las tarifas que deben pagar los ciudadanos para presentar determinados recursos en las jurisdicciones civil, social y contencioso-administrativa, lo que podría afectar a los españoles con menos poder adquisitivo.

Los togados expresaron su preocupación por la situación actual y reclamaron la retirada inmediata del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que perjudica la calidad de la Justicia y no se justifica por la crisis, reza el texto.

Además, reclamaron que se mantengan la estructura y competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, órgano de gobierno de los jueces) y se potencie al Consejo Fiscal.

Mostraron su repudio a cualquier modificación que busque minar la independencia del CGPJ, para el cual demandaron autonomía presupuestaria, al igual que hace para la Fiscalía del Estado.

El Ejecutivo del derechista Partido Popular aseguró que nadie quedará desatendido y que las tasas son solo una parte de una gran reforma de la jurisprudencia, con el fin de construir alternativas para desatascar los juzgados y lograr una justicia más eficiente, argumentó.

Sin embargo, los detractores de la controvertida norma -la mayoría de los partidos políticos, sindicatos y asociaciones de consumidores- denunciaron que ésta consagra una justicia para ricos y otra para pobres.

Los graves problemas estructurales de la Administración de Justicia requieren una reforma de calado y no parches, advirtió Armengol, quien destacó la unanimidad entre los jueces y el apoyo de los abogados.

Es la primera vez que todas las asociaciones hacemos un frente común, añadió Armengol, tras no descartar la posibilidad de convocar una huelga de magistrados si el Gobierno no rectifica.

Fuente/PL