El gobierno de Puerto Rico presentó este miércoles un plan de ajustes fiscales para afrontar su deuda publica de 72.000 millones de dólares, y que incluye el aumento de impuesto y recortes a programas sociales.
Este programa que tendrá un alcance de cinco años, fue presentado por el gobernador de la isla, Alejandro García Padilla, en un mensaje transmitido por radio y televisión, quien llamó a los acreedores a negociar una reestructuración que permita evitar una crisis humanitaria en el país.
«Necesitamos que los acreedores vengan a la mesa, pero si no están dispuestos a esto, no tendremos otra alternativa que proceder sin ellos. Ni a nosotros ni a ellos nos conviene ese camino más duro; serán años de litigios y de impagos, y de una crisis humanitaria de proporciones mayores, obligándonos a escoger entre pagarle a un acreedor, a un maestro, a un policía o a una enfermera. Una decisión que preferiría no tomar, pero que tomaré siempre velando por los mejores intereses del país», afirmó tal y como reseña el diario Primera Hora de Puerto Rico, en su portal web.
Sin embargo, García reconoció ante los puertorriqueños, que «aun implantando todas las medidas del plan fiscal», que comprenden el incremento de impuestos, la suspensión de varios programas para reducir el gasto público y mejorar la eficiencia gubernamental, si no se produce una reestructuración de la deuda se generaría un déficit de tres mil millones de dólares por un periodo de cinco años.
El plan de ajuste fiscal a cinco años, que se basa en el informe de la ex funcionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne O. Krueger, fue elaborado por el grupo de trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica , que tiene a su cargo la implementación de acciones orientadas a impulsar la recuperación del país en materia económica.
Este plan a cinco años abarca sólo 47.000 millones de dólares del total de la deuda puertorriqueña, y deja fuera a la agobiada Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Asimismo, los integrantes del grupo que trabajaron en el documento alertaron que el Banco Gubernamental de Fomento se quedará sin dinero a finales de este año si no se actúa y advirtieron que el gobierno podría carecer de liquidez el año entrante si no se ejecutan las acciones recomendadas, entre las que figuran «congelar futuras alzas del salario mínimo a los jóvenes trabajadores por 10 años, invertir en asociaciones público-privadas, reducir subsidios a municipios y a la Universidad de Puerto Rico, y cerrar más escuelas públicas», refiere Primera Hora.
Por otra parte, el plan estipula que Puerto Rico debe buscar trato igual por parte del gobierno estadounidense en lo que respecta a incentivos fiscales y rembolsos en gastos médicos.
Durante su alocución García Padilla solicitó que el plan de ajuste no debe convertirse en otro campo de batalla de cara a las elecciones de noviembre de 2016, cuando se dispone a ir a la reelección.
También expresó su descontento con Washington, por negarle a la isla la posibilidad de declararse en bancarrota o un rescate fiscal, además de limitar beneficios que corresponden a los puertorriqueños en virtud de sus aportaciones.
Como la nación caribeña es un «Estado libre asociado» de Estados Unidos no puede declararse en bancarrota, tal y como lo establece la legislación federal estadounidense.
En este sentido exigió a la Casa Blanca que escuche el reclamo de que se nos trate de manera justa en cuanto al Medicare y Medicaid, ya que los puertorriqueños aportan una cantidad similar a los estadounidenses, junto a la creación de un marco jurídico para atender las obligaciones de Puerto Rico.
«Afuera, nos quieren obligar a pagar sin que pensemos en las consecuencias; nos atacarán, nos quieren ver de rodillas», advirtió, reseñó Prensa Latina.