Roraima reclamó este lunes, por segunda vez, ayuda del Gobierno federal para controlar y evitar el avance de la violencia en las cárceles de ese norteño estado brasileño, donde hace tres días masacraron a 33 reclusos.
En noviembre pasado las autoridades de Roraima solicitaron al ministro de Justicia Alexandre de Moraes, con carácter urgente, el envío de efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad para reforzar la custodia de los presidios, pero éste no atendió el reclamo.
En la nueva solicitud de apoyo de la Fuerza Nacional, la gobernadora de Roraima, Suely Campos, reclamó también el traslado a cárceles federales de máxima seguridad de ocho detenidos identificados como líderes de facciones criminales, a fin de reducir la posibilidad de nuevos ‘conflictos internos’ donde ocurrieron los asesinatos.
El viernes último, 33 reclusos de la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo, la más grande de ese estado, fueron muertos y en su mayoría decapitados.
Según dijo entonces el titular de Justicia Alexandre de Moraes, ese fue el resultado de un ajuste de cuentas interno entre miembros de la organización delictiva Primer Comando de la Capital (PCC).
La masacre en la prisión de Roraima fue la segunda ocurrida en el transcurso de la primera semana del año, pues entre los días 1 y 2 otros 60 convictos resultaron ultimados en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (56) y la Unidad de Prisión de Puraquequara (4), ambas en el estado de Amazonas.
El gobierno amazónico envió ayer al Ministerio de Justicia una solicitud de envío de efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad que, de acuerdo con la propia cartera, fue aprobada de inmediato, al igual que la ayuda federal a Rondonia y Mato Grosso.
A raíz de las matanzas en cárceles de Amazonas y Roraima, el representante para Suramérica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amerigo Incalcaterra, deploró la creciente crisis del sistema penitenciario brasileño.
La ausencia de una política penal y carcelaria en correspondencia con las normas internacionales de derechos humanos en Brasil ha sido apuntada, de forma reiterada, por los órganos de las Naciones Unidas, subrayó Incalcaterra.
Reclamó además de los gobiernos federal y estaduales que adopten ‘medidas efectivas de prevención de la violencia, incluyendo las ejecuciones sumarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en centros de privación de libertad, para responder a la situación crónica que el sistema penitenciario brasileño enfrenta’.