Esta semana será de decisiones para los integrantes de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexos) de Colombia y se verá hasta dónde llega la institucionalidad de ese país al momento de defender sus derechos.
Se espera un fallo definitivo que podría emitir la Corte Constitucional para legitimar el matrimonio igualitario. Esta medida sería en respuesta a una tutela presentada el año pasado por el procurador Alejandro Ordóñez, quien ataca constantemente a las causas igualitarias, con el objetivo de anular más de 40 matrimonios ya formalizados y evitar que se hicieran otros.
Por otra parte, está el decreto de política pública, al que sólo le falta la última aprobación por parte de los activistas, que se prevé será dado a conocer oficialmente a finales de este mes.
En este instrumento se entiende a la comunidad sexo diversa desde los principios de la universalidad, indivisibilidad, progresividad, interdependencia, diversidad y corresponsabilidad.
El decreto se viene trabajando desde hace más de un año entre el Ministro del Interior, el consejero para los Derechos Humanos y un grupo de asesores, encabezados por la politóloga Laura Gil.
La revista Semana tuvo acceso al borrador del documento y señaló que se pone el énfasis en instituciones como el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Salud, la Procuraduría, el Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF) para que garanticen que ningún colombiano sea excluido por su orientación sexual y generen políticas inclusivas.
También contempla un compromiso específico de la Procuraduría para la defensa de los derechos de la comunidad porque la incluye en la Comisión Intersectorial para la garantía de derechos que se crea con el decreto.