Un informe elaborado por técnicos del Senado brasileño señaló este lunes que no existen pruebas de que la presidenta separada de su cargo, Dilma Rousseff, participara en las maniobras fiscales, que supusieron una de las causas que llevaron la apertura del juicio político que se tramita contra ella en la Cámara Alta, informaron oficiales.
De acuerdo con el documento de 223 páginas, realizado a petición de la defensa de Rousseff, la gobernante fue presuntamente responsable de la emisión de una serie de decretos que «alteraban» los presupuestos «sin la autorización del Congreso».
En contraste, una nota divulgada por el Senado demuestra que los técnicos de éste no encontraron pruebas de que Dilma participara en los atrasos en el pago de créditos a la banca pública, considerados por la oposición como «maniobras fiscales» y que, de acuerdo con la acusación, supondrían un crimen de responsabilidad, lo que terminaría con la destitución de la jefe de Estado.