Desde hace poco más de un año que asumimos el compromiso de escribir esta columna, ad honoren y con toda la voluntad del mundo; hemos querido llevar temas de nuestro interés y conocimiento en áreas de defensa de derechos humanos fundamentalmente de las mujeres, funcionarias y funcionarios policiales y eventualmente temas de carácter comunitario como la participación, la seguridad ciudadana, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otros.
Sin embargo, el día de hoy nos motiva escribir experiencias personales como usuaria de servicios y consumidora de bienes, en el entendido que muchas y muchos se verán reflejados en un contexto en el que sabemos hay una dinámica de intereses no siempre de beneficio para el colectivo. No es objeto de estas líneas adentrarnos en sesudos análisis, sino mostrar vivencias de la vida cotidiana que reflejan lo que somos como sociedad consumidora y consumida por leyes inventadas y avaladas por los más “vivos”, esos mismos que nos ven con cara de pobrecita cuando reclamamos nuestros derechos vulnerados por “políticas de la empresa”, tanto pública como privada.
VARIAS HISTORIAS
Recientemente con mi hija en una cadena de comida rápida cuyo lema o eslogan es “comida de verdad” fui víctima de esas políticas de la empresa que solo benefician al dueño de ésta. Se había acabado la bebida infantil y abiertamente la cajera interpelaba: no hay jugo, ¿igual desea llevarlo?; Yo con asombro ante semejante planteamiento, pregunte: ¿igual desean cobrarlo? Para la cajera, la supervisora, el resto de la clientela detrás de la cola era perfectamente normal que se ofreciera algo en el menú escrito, que no estaba disponible e igual lo cobraran. Pase a ser una molestia para el resto de las personas al retrasarme en la caja exigiendo mi derecho a que no se cobrara por algo que no disfrutaría. Ni hablar de la publicidad engañosa que a diario debemos sortear.
Otro: en tres ocasiones casi seguidas entre noviembre y diciembre, debí hacer uso de una tienda de envíos cuyas siglas en mayúsculas desconozco el significado. Sorprendentemente en Charallave, Edo. Miranda; en Caracas, y en Cabudare, Edo. Lara, la situación era idéntica: pésima atención evidenciada en largas colas porque solo había dos personas atendiendo en el mostrador tanto para el envío como para la recepción de los paquetes, el punto de pago electrónico dañado, el espacio interno insuficiente por tanto había que hacer la cola afuera a la intemperie e inclemencia del sol o lluvia. Me dedique a observar el comportamiento del resto de mis compañeros de corta travesía. Todas y todos sin excepción asumían estoicamente el maltrato. Absolutamente a nadie se le ocurría protestar aquella situación.
Último: las entidades bancarias de un tiempo para acá adoptaron por “política institucional” (vaya que la política, con “p” minúscula da para todo) que los depósitos en efectivo y/o cheque solo deben hacerse a través de cajeros electrónicos. Bien. El problema está cuando la agencia bancaria tiene ocho taquillas, trabajan solo dos y un solo cajero para realizar depósitos, generalmente también a la intemperie, expuestas y expuestos además a las amigas y los amigos de lo ajeno quienes se aprovechan de las circunstancias. Igual que la vez anterior todas y todos haciendo sus colas pasivamente y solo la humanidad mía rumiando ante el maltrato, el abuso, la indolencia de “políticas institucionales” rigurosas e inflexibles y además soportando que me vean como la quejona, que habla incomprensiblemente de nuestros derechos.
Y así pudiera enumerar cientos de ejemplos de la vida cotidiana que a diario vivimos, sufrimos y ¿enfrentamos? las ciudadanas y los ciudadanos en diversos contextos con similar situación, la vulnerabilidad de nuestros derechos por instituciones prestadoras de servicio que simplemente adoptan medidas, o dejan de hacerlo sin importar las consecuencias para las usuarias y los usuarios.
PROPUESTA
Desde ese estado permanente de inconformidad ante las injusticias y la consciente necesidad de profundizar en una cultura de exigibilidad de nuestros derechos, les propongo que cada una, que cada uno, se constituya en su propio frente de lucha frente el abuso, frente a la incomprensión de nuestras necesidades, frente al irrespeto de nuestro tiempo, frente a la vulnerabilidad de nuestros derechos, reconociéndolo y verbalizándolo con las otras y los otros para sentirnos iguales, para colectivizar la solución y alternativa. Solo así podremos ir asumiendo todas y todos que merecemos respeto, que al consumir o contratar un servicio tenemos el derecho a exigir un trato justo, respetuoso, en definitiva digno y sobre todo, denunciar los malos tratos.
Recordemos que el acceso a los servicios son necesarios para satisfacer nuestras necesidades y, por tanto y en tanto nos dignifican como personas se convierten en derechos humanos que deben ser respetados y garantizados por las instituciones correspondientes.