Pablo Fernández: El armamento que se reciba debe ser destruido|“Mientras más usuarios legales” se desarmen se reducirá “la presencia de armas en la sociedad”

El activista de derechos humanos Pablo Fernández Blanco, especialista en temas de seguridad y quien se desempeñó en el cargo de secretario técnico en la extinta Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme (Codesarme) -que funcionó entre 2011 y diciembre de 2012- considera necesario que el Estado aplique un conjunto de medidas integrales para sacar de circulación el armamento en las calles, sea su origen legal o ilícito.

Así lo expresó en una entrevista concedida al Correo del Orinoco, a propósito del plan de desarme voluntario que comenzó el pasado lunes en todo el país.

-El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, señaló que en este plan no se incorporarán las bandas delictivas, porque para este sector se aplicará otro método. ¿Cómo evalúa esta estrategia?

-Hay que reconocer y valorar que se comience a implementar una dinámica de desarme en el país; una dinámica de desarme voluntario, tal como lo ha planteado la ley que se aprobó el año pasado y que fue producto de un trabajo bastante concienzudo y profundo que se desarrolló durante dos años, con base en un trabajo que hizo la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme que creó el presidente Chávez.

Recordó que el Comandante “fue el impulsor de esta iniciativa, el mayor promotor de esta iniciativa, de avanzar en el desarme en Venezuela”.

Destacó, además, el trabajo emprendido por la Asamblea Nacional en cuanto a la discusión de un proyecto de ley: “Una ley que resultó exponencialmente mejor a la que teníamos y que era un saludo a la bandera, no servía absolutamente para nada y nunca se llegó a implementar”.

Agregó: “Es positivo que avancemos en un plan de desarme. Dentro de lo que está propuesto metodológicamente para hacerlo, podemos hacer algunas observaciones, siempre en el espíritu que nos mueve de que las cosas funcionen y que den el resultado esperado”.

Sostuvo que el plan debe llegar a todos los sectores de la población: “Hay un sector que evidentemente tiene armas y que fueron adquiridas de manera legal, que tienen registro, que tienen documentación. Esa población está llamada a desarmarse, por lo tanto, está bien que el desarme voluntario los incorpore. Estamos totalmente de acuerdo en que, mientras más usuarios legales de armas se desarmen, estamos contribuyendo a reducir la presencia de armas en la sociedad”.

Refirió que en las investigaciones que desarrolló la Codesarme demostraron que esas armas en condición de legalidad “son las que nutren, en un enorme porcentaje, al mercado ilegal porque son armas que son robadas, son hurtadas, son perdidas, son extraviadas, y a veces son incluso comercializadas por sus propietarios de manera irregular, y eso degenera en la constitución de ese llamado mercado ilegal de armas. Por lo tanto, está bien que se desarme a los legales”.

TAMBIÉN LAS ILEGALES

Pero, según Fernández, debe atenderse “con igual prontitud y con igual énfasis el desarme de quienes portan armas de manera ilegal”, haciendo hincapié “en aquellos sectores de la población que, por diversas circunstancias de la vida, se han visto inmersos en una dinámica delictiva organizada, y que lamentablemente una inmensa parte de esas bandas armadas la conforman jóvenes entre 15 y 28 años edad”.

Subrayó que este rango de la población es víctima y victimario: “Son jóvenes que se matan y que mueren. Eso está ligado a un análisis sociológico, al tema de la exclusión social y que es parte de la deuda que el gobierno bolivariano va a intentando pagar, a través de la acción social” que involucra a la educación, a la familia, el esquema de valores, la construcción de una nueva ética socialista y la inclusión laboral”.

Para el experto en seguridad, la población que cuenta con porte de armas es más difícil de convencer para que se involucre en un desarme voluntario “porque ha comprado los mitos en torno al uso de las armas, sobre todo la clase media. Pero donde tenemos una vulnerabilidad y una victimización mayor es el grupo de los jóvenes y allí hay que hacer el esfuerzo más significativo”.

Añadió: “Entiendo que se ha venido trabajando con bandas, tratando de generar ciertas dinámicas un poco más sigilosas para avanzar hacia una solución, pero creo que tiene que avanzar a un paso mucho más acelerado”.

-¿Cómo la comisión presidencial se había planteado el desarme?

-Antes de que la comisión culminara su trabajo, habíamos comenzado a tener contactos con bandas. Los veíamos como un elemento primordial a atender, incluyéndolo en el marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela como política macro de seguridad ciudadana. No se trata solamente de retirar las armas de la calle, sino de que aquellos que han recurrido a ellas como una forma de poder resolver su vida puedan tener una oportunidad y una posibilidad transformadora. Es lo que se espera de un proceso humanista, de un proceso socialista como el que nosotros impulsamos. No creemos en la fórmula del plomo a lo que se nos cruce, sin que eso sea sinónimo de impunidad.

-Que en esta primera etapa no se haga hincapié en el desarme de las bandas delictivas, ¿no le resta al plan confianza ante la opinión pública?

-Tenemos que entender que las políticas de seguridad forman parte de un gran rompecabezas. Son distintas piezas que se van engranando y no las podemos ver aisladas. El desarme solo, per se, no va a resolver los problemas de la sociedad en materia de seguridad. Por supuesto, va a aliviar y va a reducir elementos de letalidad significativos porque somos un país donde casi el 95% de los crímenes y de los homicidios se cometen con un arma de fuego. Por eso el tema de las armas es primordial en la agenda, pero no es un tema único. Eso tiene que ir ligado al despliegue, fortalecimiento y formación de los cuerpos de seguridad.

Propuso que la reforma policial “que marcó Chávez y que es parte de su legado” continúe a igual o mayor ritmo: “Que se continúe en la transformación del Cicpc, es decir, que tengamos un órgano de investigación criminal decente, probo, profesionalizado, depurado, honesto. Que tengamos un sistema de justicia que con celeridad actúe y procese los casos. El Poder Ciudadano y el Poder Judicial tienen responsabilidades también. Nada hacemos con tener buenos policías, si después la Fiscalía y los tribunales no van a actuar con igual contundencia y con igual velocidad, y con igual garantía de derechos. Es decir, que la justicia funcione como justicia. Allí hay mucho camino por recorrer”.

Expuso: “La Gran Misión A Toda Vida fue la consolidación de una visión integrada de la política de seguridad, fue la primera vez que se pensó con una visión integral. Todas las piezas tienen que ir engranando, el sistema penitenciario donde la ministra Iris Varela está haciendo un gran trabajo”.

EL DESARME POLARIZA

Según Fernández, en la entrega de armas los diversos sectores de la sociedad también expresan puntos de vista diferentes: “Yo pienso que el desarme es un elemento polarizador. Pero no la polarización política que tenemos en el país entre chavistas y antichavistas, no. Aquí hay otra polarización, los que estamos a favor del desarme de la sociedad, los que creemos que las armas no son la solución ni el mecanismo para enfrentar los conflictos, y los que, por el contrario, son defensores de la tesis pro armamentista; aquellos que dicen que la sociedad debe estar armada, que cada quien debe resolver por su cuenta, que si tienes un arma en la cintura estás más seguro. Ahí hay dos visiones confrontadas, yo creo que irreconciliables”.

Recalcó que hay chavistas y antichavistas prodesarme, y chavistas y antichavistas que defienden la tenencia de armamento: “El problema se presenta cuando esas visiones confluyen en la decisión de las políticas públicas”.

El especialista subrayó que el comandante Chávez “estaba ganado” para impulsar la entrega de las armas. Se preguntó si el Estado va a continuar entregando porte de armas y subrayó que el armamento que se reciba debe ser destruido: “Debe haber garantía pública de destrucción. El Gobierno del presidente Maduro hizo una inversión bien significativa el año pasado para dotar a todas las gobernaciones de máquinas de inutilización de armas, a través del Consejo Federal de Gobierno. Nosotros deberíamos estar viendo permanentemente en todos los estados inutilización públicas de armas, por lo menos una vez al mes. Ese es un factor de confiabilidad de la población. Si no se hace de manera constante, sistemática, metódica, transparente, auditable la gente no confía”.

Consideró que el plan de desarme “debe garantizar lo que la ley dice, que debe ser voluntario y anónimo. Además, plantea la amnistía”.

-¿Es pertinente que se haya escogido instalaciones militares para la entrega de armas?

-Yo hubiera preferido que se hiciese como la comisión en su momento lo propuso, y como la experiencia de otros países ha demostrado que es mejor. Que no sean sitios que reduzcan la confiabilidad. Una persona que tiene la tensión de ir a entregar un arma de fuego, se va a sentir más tranquila si tiene que ir a un sitio que pueda ser más neutral, como una iglesia, la sede de una organización social, una institución de salud. Un espacio que al menos vislumbre cierto elemento de neutralidad, a ir a un sitio que es un organismo de seguridad del Estado”.

Consideró que debe hacerse una evaluación del mecanismo para verificar la cantidad de armamento que se recogió, y preguntarles a las ciudadanas y a los ciudadanos su opinión: “En definitiva, el propio pueblo es el que nos ha dado luces para orientar esta política. Toda la propuesta que construyó la comisión presidencial fue construida con la gente”.

Como un aspecto a favor, manifestó que el plan comenzó y que hay que apostar por el éxito.

LOS CONFLICTOS SOCIALES

En las consultas que hizo Codesarme se encontró que la causa de los homicidios eran los conflictos interpersonales: “Las armas juegan un papel lamentable en la forma de confrontar que tiene la sociedad, de dirimir los conflictos. Un arma en Venezuela puede ser el instrumento en la violencia de género, el elemento que interviene en el conflicto entre dos vecinos o entre dos conductores en un choque. Las llamadas inconvivencias sociales están muy marcadas en Venezuela por la presencia de las armas. La mayoría de los homicidios tienen que ver con el ajuste de cuentas”.

En cuanto al mercado de armamento, la comisión encontró que en los últimos 30 años ingresaron al país alrededor de 600 mil pistolas y revólveres, de manera legal, y son el tipo de armas que están involucradas en el 99% de los hechos delictivos o criminales: “El mercado ilegal nunca es mayor al mercado legal, entonces en Venezuela en el peor de los escenarios no tendríamos más de 1,2 millones de pistolas y revólveres. El problema no es la cantidad, sino la falta de controles efectivos sobre ellas. Hemos carecido de controles sobre las armas que circulan en el país”.

Comentó que el reciclaje, el hurto y robo de armas, la comercialización indebida de estos artefactos, así como el descontrol en las armerías y en la emisión de los portes han impedido un control eficaz.

SE ADQUIRIERON MÁQUINAS PARA MARCAJE DE MUNICIONES

Pablo Fernández propuso que se concrete el Registro Nacional Integrado de Armas de Fuego, y que funcione de manera automatizada y que sea auditable.

Recordó que el Estado venezolano “hizo una inversión para la adquisición de maquinarias para el marcaje de las municiones con sistema láser. Esta es una forma de control necesaria lo que permitirá a bloquear la comercialización de las municiones. Hay un abanico de medidas que quedaron sobre el tintero, algunas se están comenzando a implementar”.

-¿Hay sectores interesados en que estos mecanismos no se lleven a la práctica?

-Hay muchas motivaciones en la acera de los que se oponen al desarme, se mezclan intereses de diferente naturaleza. Hay quienes están en contra del desarme por razones ideológicas, creen que la sociedad debe estar armada, creen en la tesis del pueblo en armas mal entendida. El presidente decía que teníamos que estar preparados para defender la revolución, pero las armas no tienen que estar en las calles, las armas tienen que estar en los cuarteles, las armas las deben manejar los cuerpos policiales para la seguridad interior, y la milicia como organización popular, no despelote popular.

Apuntó que otros sectores esgrimen una premisa económica: “Las armas mueven mucha plata en el mundo. Es uno de los tres macronegocios trasnacionales, como son arma, droga y trata de personas” que ocasionan mucho daño a la humanidad.

“Recordemos que la seguridad se vincula a la necesidad. Para responder a esa necesidad en la lógica de mercado, entonces se generan productos. El arma es un producto. Entonces se estimula la necesidad, es decir, el miedo, la angustia, la zozobra para que consuma el producto”, expuso.

Estos negocios “son promovidos por grandes lobbies políticos a escala mundial”, apuntó.

“Contra eso se enfrentó Chávez y contra eso se tiene que enfrentar Nicolás Maduro”, subrayó.

T/ Janet Queffelec Padrón
F/ José Luis Díaz

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