El 16 de febrero de 1989 el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, anunció una serie de medidas de ajuste económico, entre las que se encontraba el aumento de la gasolina, las cuales se pusieron en práctica el 27 de febrero.
Ese día los habitantes de los sectores populares protestaron en la ciudad de Guarenas, estado Miranda, por el aumento del pasaje de transporte público.
Los disturbios se propagaron hacia la ciudad de Caracas y otras partes del país.
El 27 de febrero de 1989 un sector de la Policía Metropolitana se encontraba en huelga, razón por la cual no intervino oportunamente para controlar los disturbios.
El presidente Pérez ordenó la aplicación del Plan Ávila para que el ejército tomara el control de la situación.
Alrededor de 9 mil efectivos, la mayoría reclutados para el servicio militar, salieron a las calles para reprimir las manifestaciones.
En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 11 de noviembre de 1999 se señala “que las fuerzas armadas no estaban preparadas para asumir el control del orden público y los jóvenes que se enviaron, por su juventud e inexperiencia, constituían un peligro para la vida e integridad física de las personas. Dichos jóvenes fueron equipados con armas de asalto (FAL o Fusil Automático Ligero) para controlar la población civil y vehículos blindados AMX-13. Los oficiales usaron pistolas de gran potencia calibre 9mm”.
SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS
El 28 de febrero de 1989 el gobierno de CAP emitió el Decreto No 49 para la suspensión de las siguientes garantías establecidas en la Constitución, con los cual quedaron suspendidas la libertad individual, inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de expresión, derecho a reunión y derecho a la manifestación pacífica.
Las garantías fueron restablecidas el 22 de marzo de 1989.
Durante el período de excepción los órganos de seguridad del Estado, conjuntamente con la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y el Ejército, realizaron una serie de operativos tendientes a reprimir los actos de violencia.
Según cifras oficiales, el “sacudón” dejó un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados y varios desaparecidos.
En la sentencia de la CorteIDH se refiere “que existió un patrón común de comportamiento caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza armada en los barrios populares”.
En el informe se indica “que en los días subsiguientes a los sucesos, el Estado ordenó, a través del Poder Ejecutivo, que se procediera a la inhumación de un número aún no determinado de cadáveres en fosas comunes ubicadas en el sector denominado La Peste en el Cementerio General del Sur de Caracas.
LA PESTE
El 5 de noviembre de 1990 el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas practicó una inspección judicial en el Cementerio del Sur, a fin de determinar presuntas irregularidades en la tramitación del ingreso de cadáveres inhumados en las fosas comunes, y en el acta correspondiente dejó constancia que en los libros de registro no aparecían registradas las víctimas enterradas en La Peste.
El 28 de noviembre de 1990 se dio a conocer a la opinión pública que habían aparecido los primeros restos en la parcela número seis norte del Cementerio General del Sur. Se efectuaron 130 exhumaciones de cadáveres, de los cuales sólo 68 correspondían a personas cuya fecha de muerte era febrero y marzo de 1989.