El Defensor Público General, Dr. Ciro Araujo, durante el programa “Habla la Defensa Radio”, dio a conocer los beneficios que otorga la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios, con el propósito de brindar un excelente servicio al pueblo venezolano y continuar ofreciendo asesoría y orientación legal para contribuir a dar solución a los problemas de vivienda.
Durante su alocución, la máxima autoridad de la Defensa Pública resaltó que durante el 2013 se logró asesorar y representar a 15.341 personas en materia Inquilinaria. “Seguimos trabajando de la mano con el Poder Popular para mejorar su calidad de vida, los invitamos a que se acerquen a la institución para que busquen una solución a su problemática”, indicó.
En este sentido, el Dr. Ciro Araujo señaló que es interesante definir desde el punto de vista constitucional el derecho a la vivienda, plasmado en el artículo 82 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
Sostuvo que esa primera parte de la Carta Magna tiene rango constitucional, “es por ello que la Defensa Pública posee la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios, cuyo objetivo se establece en el artículo 1 de la misma», dijo.
También mencionó que, según el artículo 28 de la referida Ley, la Defensa Pública, en desarrollo de la activación de la competencia en materia civil y administrativa especial inquilinaria y para la defensa del derecho a la vivienda, debe ponerse al servicio del sistema rector nacional para la defensa de los derechos de los arrendatarios y arrendatarias y del derecho a la vivienda, y de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, en el territorio nacional.
“Es importante que la gente tenga conocimiento de que en cualquier parte del país tenemos a la disposición una sede de la Defensa Pública, donde todos los ciudadanos podrán ser asesorados, representados y orientados de manera gratuita”, enfatizó el Dr. Araujo.
Por su parte, el Defensor Público Provisorio Segundo en materia Inquilinaria, Abg. Óscar Dámaso, dio a conocer los beneficios que posee la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y cómo los Defensores Públicos pueden orientar al Poder Popular.
“Lo que busca esta Ley es equilibrar la garantía de los derechos que poseen los arrendadores y arrendatarios, aplicando mecanismos idóneos para conseguir una solución a la problemática de ambas partes”, manifestó.
La Defensora Pública Suplente Tercera en materia Inquilinaria, Abg. Marina Romero, durante su participación en el programa, reconoció el compromiso que tienen los funcionarios de la institución con el Poder Popular, impulsando y acercando la Defensa Pública a las comunidades.