El abogado penalista Joffre Nuñez, planteó la necesidad de modificar, a través de la vía habilitante, la Ley de Costos y Precios Justos y aumentar la pena sancionatoria a quienes infrinjan dicha Ley, creada para combatir la guerra económica y defender los derechos del pueblo.
“Como ciudadano venezolano y abogado de la República tengo la intensión de colaborar y combatir esta guerra económica de manera eficiente”, expresó Nuñez en declaraciones al Correo del Orinoco. Destacó que la primera tarea del gobierno nacional es aplicar las sanciones necesarias a los que especulan, acaparan y colocan sobreprecio a los productos, bienes y servicios que el pueblo necesita.
El abogado plantea que se aumente la pena mínima a 10 años de prisión y la pena máxima de 30 años, considerando que el contrabando de alimentos y la especulación “merecen ser calificado como faltas graves y deberían ser sancionadas como tal”.
Nuñez indicó que el gobierno ha sido muy flexible al aplicar las sanciones, por lo que aseguró que penalizar a los infractores con condenas más altas, “evitaría que vuelvan a incurrir en el delito”.
Expresó que además de la prisión y la confiscación de los bienes de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno tiene la potestad de poner al servicio del pueblo los bienes incautados, “para darle el uso adecuado a los mismos y garantizar la distribución equitativa”.
“A cada empresa confiscada por incurrir en delito, tenemos que hacerle un seguimiento exhaustivo y evitar los testaferros, los intermediarios dentro y fuera del país”, manifestó.
Finalmente, señaló que las autoridades que le corresponde judicial y administrativamente sancionar a los infractores, deben aplicar como es debido la Ley de Costos y Precios Justos. “De no hacerlo deberán ser sancionados con la misma pena, por ser considerados cómplices de estos delincuentes”, concluyó.