5:30 de la mañana. En su ocaso estaba aquella madrugada del lunes 04 de octubre de 1982 en los matorrales de Los Changurriales, en Cantaura. Un tarro de café se colaba y unas arepas se cocían en el fogón en el campamento del frente revolucionario Américo Silva. Era la antesala de un congreso ideológico que sostendrían 40 de sus miembros, si no hubiesen caído del cielo 17 bombas de 250 libras lanzadas por aviones Canberra y Bronco de la Fuerza Aérea Venezolana. Todo salió volando por los aires. Estaba en marcha el exterminio como política de Estado.
Se trataba de la política de «pacificación» del gobierno copeyano de Luis Herrera Campins para callar a las personas que luchaban por una Venezuela de justicia y de inclusión social. El asesinato era parte de este plan que, sin ningún tapujo, se había anunciado en la prensa en agosto de ese mismo año: «Tienen que entregarse o morir», titulaba el encabezado del periódico El Mundo, que citaba la advertencia que le hacía el Ministerio de Relaciones Interiores de la época a los grupos guerrilleros asentados en el oriente del país.
Y así fue. A los minutos de haber caído las bombas en Los Changurriales de Cantaura se disparó a mansalva en un ataque aéreo contra los 41 revolucionarios. No conforme con eso, por tierra 1.500 efectivos entre Ejército, Guardia Nacional y la Disip hicieron un cerco en la zona, con órdenes expresas de rematar y aniquilar a cualquier sobreviviente.
Luego de los cohetes y la metralla del ataque aéreo, según relata el periodista Alexis Rosas en su libro La Masacre de Cantaura, se reanudó el tiroteo a mansalva en tierra, por tres flancos y sin llamado a la rendición. Aquellos que quedaron heridos fueron acribillados a sangre fría por un comando de la Disip, dirigido por Henry López Sisco, quien en 1988 participó en la llamada masacre de El Amparo, ocurrida durante los últimos meses del gobierno de Jaime Lusinchi.
Aún después de que cayeran casi todos muertos, continuó la lluvia de disparos. Fueron rematados despiadadamente. Los cadáveres, exhumados luego de haber sido enterrados en una fosa común por las autoridades, evidenciaron la saña del ataque. Los cuerpos estaban desmembrados, con heridas de bombas en las extremidades, múltiples impactos de bala, y 14 de ellos mostraron marcas de ajusticiamiento, con tiros en la nuca o en la cabeza.
En ese momento, antes de ser asesinados, el «pecado» cometido por este frente revolucionario fue reunirse para analizar el acontecer político y social del país y delinear una propuesta política de inclusión, justicia social y participación real del pueblo en un país gobernado en ese entonces por el partido demócrata cristiano Copei.
«Allí murieron camaradas revolucionarios y bolivarianos que se dieron a la tarea de alfabetizar a los campesinos y a los obreros. Sólo portaban un pensamientos político por una Venezuela mejor», recuerda Nayive Rincón, sobrina de Roberto «El Catire» Rincón Cabrera, jefe del Frente, en una declaración publicada en el blog Cantaura Vive.
Las investigaciones posteriores revelaron que la orden del gobierno de Campins fue arrasar con los «subversivos» (la forma que eran denominados para criminalizarlos) y aniquilar definitivamente «la amenaza» que representaba ese frente de jóvenes para el país.
Esta masacre ocurrió en una Venezuela donde la izquierda era perseguida, torturada, desaparecida y asesinada por los organismos de seguridad del Estado.
Paralelo a la masacre, alrededor de 300 dirigentes del área estudiantil, vecina o sindical fueron enjuiciados «y a otros nos cazaban para ser asesinados o encarcelados», recuerda el dirigente Robin Rodríguez en un artículo publicado en el portal Aporrea.
La masacre de Cantaura no fue un hecho aislado en Venezuela. Después del derrocamiento de Salvador Allender, en Chile, (1973), los gobiernos de derecha en el cono sur aplicaron una política de exterminio de la izquierda. Eran un plan que obedecía a un esquema represivo que los Estados Unidos distribuyó en todo el continente, como parte de su política exterior destinada a defender lo que consideraba sus «intereses».
¿QUIÉNES ERAN?
De ese ataque militar, cerca de Cantaura, 23 de los 41 jóvenes revolucionarios fueron asesinados. El frente había tomado las armas en Venezuela como una forma de lucha ante la fuerte represión que se desató en el país una vez firmado el Pacto de Punto Fijo.
«Sólo un pequeño grupo de guerrilleros pudo romper el cerco militar y salir por la llanura de la Mesa de Guanipa, al mando de Alejandro Velásquez Guerra, testigo de excepción para la reconstrucción de la masacre», recordó recientemente en un artículo el diputado Fernando Soto Rojas.
Los fallecidos en este hecho fueron: Sor Fany Alfonzo, Diego Alfredo Carrasquel, Eusebio Martel Daza, Carmen Rosa García, Beatriz del Carmen Jiménez, María Estévez, Emperatriz Guzmán, Jorge Luis Becerra, Mauricio Tejada, Luis José Gómez, Julio César Farías, Roberto Rincón, Nelson Pacín, Enrique José Márquez y José Miguel Núñez.
También murieron Rubén Alfredo Castro, Baudilio Valdemar, Antonio María Echegarreta, José Isidro Zerpa, Carlos Hernández Anzola, Ildemar Lorenzo, Carlos Alberto Zambrano y Eumenidis Gutiérrez.
En su mayoría eran estudiantes universitarios, obreros, maestras, sociólogos. Gente del pueblo. Tenían entre 18 y 30 años. Y además durante el ataque «ninguno de ellos estaba armado», confirmó Albenis Urdaneta, miembro del Frente- que se salvó porque estaba fuera del campamento durante el ataque-, en declaraciones publicadas en 2007 por el diario Antorcha de Anzoátegui.
En esta matanza también se cuenta el fusilamiento de seis cocineras, que aunque estaban lejos de la zona, fueron ajusticiadas por el Ejército, de acuerdo a la denuncia del ex diputado de la época, Héctor Pérez Marcano, quien explicó en ese entonces que estas mujeres no guardaban relación con el pleno revolucionario.
Pese a que solamente estaban cocinando para los asistentes de la reunión, las mujeres fueron capturadas vivas «y un pelotón de los cazadores del Ejército las reunió y luego las fusiló», contó Pérez en declaraciones recogidas por el libro de la Defensoría del Pueblo: Violación sistemática de los Derechos Humanos en Venezuela (1958-1998).
Igual de implacable como era el Ejército de ese momento, la prensa hace 31 años no tuvo ninguna contemplación frente al suceso. El tratamiento informativo banalizó la matanza de los grupos insurgentes. Desde «bandoleros» hasta «criminales» eran los adjetivos que usaron las empresas de comunicación al referirse a los asesinados de esta emboscada militar.
El gobierno de Campins llegó a calificar la masacre como un «encuentro armado», sin embargo, las exhumaciones de los cadáveres demostraron que la mayoría de las víctimas fueron ajusticiadas, sus cuerpos tenían signos de tortura y tiros de gracia en el cráneo.
Para ese entonces fue solicitada una investigación al hoy extinto Congreso Nacional y a la Fiscalía General de la República, pero toda la información siempre se mantuvo archivada.
SACADO DEL OLVIDO
Esta masacre fue ocultada, silenciada y desvirtuada durante los 40 años de gobiernos de Acción Democrática y Copei. Fue con la Revolución Bolivariana cuando la Fiscalía retomó el caso.
En los últimos años han exhumado 18 cuerpos en Caracas, Barcelona, Anaco, Cumaná, La Guaira y Puerto Cabello, en los cuales han confirmado que la mayoría de las víctimas del ataque del 4 de octubre de 1982 fueron ajusticiados.
Además, en octubre de 2011, la Asamblea Nacional aprobó, con mayoría socialista, la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Periodo 1958-1998.
Con esta ley fue creada una comisión especial que está encargada de esclarecer este y otros casos de masacre y violaciones de Derechos Humanos en los gobiernos de la Cuarta República.
«Los gobiernos de la Cuarta República utilizaron la muerte como expresión de la democracia y la tortura como método de paz», resumió en 2009 sobre este hecho el diputado y dirigente campesino Braulio Álvarez.
Mientras avanzan las investigaciones, por el caso, el Ministerio Público imputó a Ismael Antonio Guzmán, ex comandante del Batallón de Cazadores del Ejército «Coronel, Vicente Campo Elías N° 63», encargado de la matanza.
También por este mismo hecho, se encuentran imputados el ex director general de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Remberto Uzcátegui, así como el ex director de Inteligencia de ese extinto organismo, José Domínguez Yépez.
A 31 años de este hecho, se realizará un homenaje a los caídos en los mismos Changurriales, cerca de Cantaura, este viernes en la tarde y el sábado, a partir de las 9:30 de la mañana.
«Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre», publicó en la convocatoria para este acto Fernando Soto Rojas, citando un poema del chileno Pablo Neruda.