Carlos Trapani, coordinador del programa Buen trato de Cecodap e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), considera que se presentarán dificultades para la implementación de la reforma del título quinto de la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Lopnna), en cuanto al sistema de responsabilidad penal.
Esta reforma se publicó en Gaceta Extraordinaria 6.185 del 8 de junio de 2015.
La declaración la ofreció durante el foro Responsabilidad penal de los adolescentes, impactos y retrocesos que organizó ayer Cecodap.
Sobre el artículo 526-A que establece la incorporación de instituciones en el sistema de responsabilidad de los adolescentes, Trapani consideró que no se señalan las “atribuciones claras a cada institución, y la articulación entre estas”.
A su juicio, “con tantos organismos públicos” con competencia en la materia, se diluye la responsabilidad: “Tenemos muchos músicos, pero no tenemos directores de orquesta. Es un tema complejo y difícil que requiere, desde el Estado, una visión a corto, mediano y largo plazo con objetivos, con metas, con indicadores, con inversión. No hay doliente quien de la cara en el tema de la responsabilidad penal de los adolescentes”.
Subrayó “que esa ausencia de rectoría es un problema”.
Como ejemplo, aseveró que el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario tiene competencias limitadas en el tema de niñas, niños y adolescentes: “Está limitada únicamente a la privación de libertad. Las fases posteriores y previas a ese momento, no les corresponde”.
Consideró que desde el Estado “debe hacerse un proceso de ingeniería para construir esa nueva institucionalidad”.
EDAD
Sobre el aumento de la edad de imputabilidad de 12 a 14 años, reconoció que es una meta internacional: “Hay una tendencia de los países de elevar la edad de imputabilidad, Venezuela se sumó a eso. Aún cuando en la región la tendencia es a bajar la edad de imputabilidad”.
Manifestó que se presentarán problemas en el país: “¿Qué haces ahora con la población de adolescentes de 12 a 13 años que cometen delitos? La reforma lo que te dice es que ellos tienen que ir al consejo de protección. Es decir, aquellos que están sentenciados, cesan su sanción y van al consejo de protección. Y lo que están en proceso de investigación, cesa la investigación y van al consejo de protección”.
Comentó “que uno de los grandes logros que tuvo el país es poder diferenciar la atención entre víctimas y victimarios,
y que no se mezclaran en un mismo organismo”. Por tal razón, opinó “que elevar la edad es una meta internacional, y el país acoge una recomendación de las Naciones Unidas
pero el problema es si tenemos condiciones para poderlo implementar y cumplir”.
Planteó que deben garantizarse las condiciones materiales en cuanto a infraestructura, programas servicios y personal: “Eso, lejos de ser un logro, se convierte en una dificultad porque promueves impunidad” porque cree que la tendencia de las bandas delictivas será “buscar a chicos de corta edad y enamorarlos, seducirlos”.
Trapani señaló que uno de los aspectos positivos de la reforma es que se elevó el tipo penal de uso de niños para delinquir. Un adulto que utilice a un niño o a un adolescente para cometer un delito, tendrá que pagar una pena de 25 años.
PENAS
Sobre el aumento de las penas para los chicos, expresó su desacuerdo, aunque aclaró que la Red por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (Redhnna) -de la cual forma parte Cecodap- no avala la impunidad: “Si un adolescente cometió un delito, tiene que ser sometido a la justicia, garantizarle sus derechos y que cumpla su sanción. Que cumpla su medida socio educativa porque la Lopnna no habla de sanción, porque el objetivo es reinsertar a los chicos a la familia y a la comunidad”.
Indicó “que no es verdad que hay un desestímulo del delito por la pena impuesta” que aumentó de 5 a 10 años: “El delito se alimenta de la impunidad. Si no hay un sistema de justicia que de respuesta, el delito se va a fortalecer y va a comer de la impunidad”.
Como ejemplo refirió que si un muchacho de 15 años es sentenciado por un delito, a los 25 años seguirá presentándose en un tribunal de adolescentes: “¡Pedagógicamente y criminológicamente es lo más adecuado? Yo no estoy seguro”.
Explicó que la privación de libertad para un adolescente “es excepcional y prospera para algunos tipos de delito, no para todos”.
Acotó que en la reforma se amplió el catálogo de delitos incluyendo terrorismo, sicariato y asalto en transporte público: “¿Cuáles razones criminológicas y científicas justificaron esa incorporación?”.
CONSEJOS COMUNALES
En cuanto a la responsabilidad asignada a los consejos comunales para el diseño, ejecución e implementación de medidas no privativas de libertad, vinculadas a trabajos comunitarios, opinó que son tareas no les corresponden: “No están preparados para eso, no les toca, no son órganos especializados. ¿El consejo comunal recibe recursos para atender estos casos? ¿Quién los va a monitorear ?”.
En conclusión, Trapani consideró “que la reforma fue promulgada sin ponderar el impacto que va a tener”.