Después de que la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), emitiera en su último informe sobre Venezuela una presunta violación de los derechos humanos y la libertad de expresión, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, calificó el pronunciamiento de esta organización internacional, como una nueva agresión en contra del Gobierno Bolivariano que lidera el presidente Hugo Chávez.
Durante una entrevista para la Agencia Bolivarana de Noticias, Abn, este viernes, Ortega Díaz desestimó la veracidad y transparencia del comunicado hecho por esta comisión y preguntó si “¿Fue lo suficientemente diligente como para elaborar un informe como éste?”.
La Fiscal General, explicó que el Ministerio Público está trabajando para esclarecer los hechos del 27 de febrero de 1989, mejor conocido como «El Caracazo» y que está dispuesto “a llegar al fondo” de las investigaciones sobre estos sucesos. Puntualizó que le gustaría «constatar cuáles fueron las diligencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando ocurrieron estos hechos«.
Señaló Ortega Díaz, que este crimen de lesa humanidad fue reabierto por el Estado venezolano y la investigación está a su cargo, por lo que ya tienen a varios presuntos responsables. La próxima semana se dará el acto conclusivo de las imputaciones por El Caracazo.
Ortega Díaz informó, que la Fiscalía General de la República imputó en el año 2009 al general retirado de la Guardia Nacional (GN), Freddy Maya Cardona; al ex ministro de la Defensa, Ítalo Del Valle Alliegro; al ex jefe del Comando Estratégico de Caracas, Manuel Heinz Azpúrua y al ex director de la Policía Metropolitana (PM) general retirado de la GN, José Rafael León Orsoni, por sus presuntas responsabilidades en los sucesos ocurridos entre el 27 y 28 de febrero y los primeros días de marzo de 1989. En este proceso todos asistieron a la Fiscalía y se sometieron a la prosecución penal.
Las acusaciones, por la cuales fueron imputados estos ciudadanos, se refieren a la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de cómplice necesario y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales debidamente suscritos por la República.
PODRÍAN DAR NOMBRES Y APELLIDOS DE 15 CUERPOS
La funcionaria señaló que a través del proceso de identificación podrían dar nombre y apellido a 15 víctimas de El Caracazo, que fueron enterradas en la fosa común de La Peste, en el Cementerio General del Sur.
Para la comprobación de esta investigación “han concurrido parientes de 18 fallecidos y ya tenemos las fichas pre-mortem de ese mismo número de víctimas. Hay 15 de esos familiares que vamos a remitir al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) para extraerles una muestra de ADN y así compararla con la de las osamentas, a las que ya se les hizo en la etapa de individualización” precisó Ortega Díaz.
También indicó que por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre pasado, el Ministerio Público se encargó de la investigación, localización, exhumación e identificación de cadáveres presuntamente de El Caracazo.
En la primera etapa de dicha investigación, se exhumaron en tres días 125 cadáveres y se determinó que sólo 47 correspondían a la época de el Caracazo y que en el proceso pocos familiares de las víctimas han entregado información suficiente al Ministerio Público para compararla con los hallazgos científicos.
“Tenemos conocimiento de que en 1991, cuando se hizo la primera exhumación, en la cual participó el Comité de Familiares de las Víctimas de El Caracazo (Cofavic), se trabajó con información pre-mortem y, por declaración de testigos, se asegura que a esa ONG se le entregó todo ese material necesario para identificar a personas presuntamente enterradas en la fosa común La Peste» expresó Ortega y añadió «Nosotros hemos solicitado a Cofavic que nos remita esa información, y no lo ha hecho”.
Con respecto a esta organización expresó: “Yo quisiera que Cofavic voluntariamente consignara esa información al Ministerio Público y, de esa forma, ayudara a la investigación, contribuyera, sobre todo ellos, que son una ONG de derechos humanos, deberían ayudar a que este caso se esclarezca”.
EL GOBIERNO BOLIVARIANO PROPICIÓ LA INVESTIGACIÓN DEL CARACAZO
Lesionados y familiares de víctimas de El Caracazo, agrupados en Cofavic, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado venezolano por las violaciones a los derechos humanos en los sucesos de febrero y marzo de 1989.
La titular del Ministerio Público aclaró que la CIDH demandó ante la Corte al Estado venezolano por este caso pero “desde que se demanda, que fue en 1991, hasta 1999, estamos hablando de 8 años, la Corte no había decidido nada. El Estado venezolano y el gobierno de Hugo Chávez admitieron la demanda”.