Las constructoras privadas intentan manipular a la gente para decir que el Gobierno (Nacional) conspira contra la propiedad privada, cuando son ellos los que atentan estafando a la familia venezolana, por cuanto violan los acuerdos y contratos iniciales que realizan con los usuarios y tratan de imponer mecanismos de cobros ilegales.
Así lo manifestó, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Darío Vivas, durante la instalación de la Comisión Regional contra la Estafa y el Fraude Inmobiliario, efectuada en el estado Aragua, con la iniciativa del Gobernador Rafael Isea.
En el evento, el parlamentario aseveró que estas constructoras estafan a los venezolanos con el cobro ilegal de mecanismos como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual nadie está obligado a pagar.
En este sentido, Vivas agregó que a nivel nacional se han registrado más de 800 mil familias afectadas por estas prácticas usureras, las cuales están a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia a objeto de poder resarcir los daños causados.
Durante su intervención en el acto, el diputado resaltó la importancia del trabajo en equipo entre las autoridades y las familias que adquieran inmuebles, ya que las alcaldías “no pueden entregar permisos y olvidarse de las obras. Se necesita la supervisión de las mismas”.
Por último, el primer vicepresidente de la AN puntualizó que pese al llamado realizado por diferentes autoridades del Estado y del Gobierno, la cámara inmobiliaria y las constructoras continúan realizando soluciones habitacionales para «burlarse de la gente» cobrándole impuestos ilegales.