En reunión conjunta celebrada este martes, en el Despacho de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se evaluó la decisión de otorgar las primeras medidas humanitarias de libertad condicional a 54 procesados y penados recluidos en diversas cárceles del país, de acuerdo con informes médicos que dan cuenta de que éstos padecen de enfermedades graves que ameritan atención médica.
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales; el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MIJ), Tareck El Aissami, y la fiscal general sostuvieron desde tempranas horas de la mañana un encuentro orientado a dar respuesta inmediata a la situación de privados de libertad en diversos centros penitenciarios del país que padecen enfermedades graves, ello atendiendo a las preocupaciones expresadas tanto por el presidente de la República, Hugo Chávez, como por diversos sectores del país.
La medida humanitaria de libertad condicional está contemplada en el artículo 502 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual indica: «Procede la libertad condicional en caso de que el penado o penada padezca una enfermedad grave o en fase terminal, previo diagnóstico de un o una especialista, debidamente certificado o certificada por el médico forense o médica forense. Si el penado o penada recupera la salud, u obtiene una mejoría que lo permita, continuará el cumplimiento de la condena».
Durante la reunión se realizó contacto, vía telefónica, con la ministra del Poder Popular para la Salud, Eugenia Sader, con quien se acordó que ese Despacho realizará un seguimiento médico a los procesados y penados que reciban las medidas humanitarias de libertad condicional, a los fines de que se les garantice el acceso pleno al sistema de salud, los exámenes y tratamientos necesarios, así como las medicinas que requieran.
En el encuentro se estableció la creación de una comisión interinstitucional conformada por la presidenta de la Sala Penal del TSJ, Ninoska Queipo; por el MIJ, la coordinadora de Ciencias Forenses, Julieta Centeno, y la directora de los Servicios Penitenciarios, Consuelo Cerrada; mientras que por el Ministerio Público (MP), el director general de Actuación Procesal, Alejandro Castillo, y la directora de Protección de Derechos Fundamentales, María Mercedes Berthé.
Una vez que se otorguen las medidas cautelares a los 54 penados y procesados, la referida comisión continuará evaluando los casos restantes de privados de libertad, cuyos informes médicos arrojen que padecen enfermedades graves.