Ciro Araujo, defensor público general, subrayó que la Defensa Pública tiene “la obligación de garantizar el acceso a la justicia”.
Durante la instalación del primer programa de pasantías del bloque de defensores públicos del Mercosur, Araujo indicó que este plan nació “como un consenso entre los distintos defensores públicos que hacemos vida en los espacios internacionales”.
Dijo que estos servidores deben “trascender” la combinación juez, defensor y fiscal dentro de un recinto jurídico: “Tenemos la responsabilidad de construir una defensa pública que trascienda de lo jurídico a lo social”.
Recalcó que la misión de los defensores es garantizar el acceso a la justicia de los grupos más vulnerables.
En cuanto a las pasantías, indicó que con el programa “se fortalecen los programas de integración del continente americano, de nuestros países, de nuestros estados”.
Subrayó que la integración “no solo puede verse desde el punto de vista del Estado; la integración también se suma al punto de vista de sus instituciones”.
Refirió que el artículo 26 de nuestra Carta Magna asegura el acceso a la justicia y es un compromiso que deben asumir los defensores públicos con el pueblo.
En tal sentido, la Defensa Pública ha incrementado el número de funcionarios. Hace tres años el organismo contaba con 760 y actualmente laboran 1.400.
“No estamos conformes. La idea es que en cada país exista igual número de jueces, fiscales y defensores públicos. Esa es una tarea ardua”, expresó.
“Aquí en Venezuela, durante muchos años, hubo indiferencia institucional” al no prestar particular atención a los ciudadanos más vulnerables que por mucho tiempo el sistema excluyó y marginó.
“Grupos vulnerables que nunca fueron atendidos, fueron invisibilizados. Allí está nuestra responsabilidad moral de construir una sociedad más justa”, manifestó.
Recordó que luego de los hechos violentos que se produjeron en el país entre febrero y abril, algunos sectores atacaron a la institución porque supuestamente estaba interfiriendo el trabajo de las ONG de abogados, al prestar asistencia oportuna a los jóvenes detenidos en las protestas: “Fuimos blanco de críticas, decían que estábamos cercenando el derecho al libre ejercicio de la profesión porque teníamos defensores públicos en los centros de reclusión, en los centros de detención policial las 24 horas del día” para garantizar los derechos humanos.