La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, aseguró que la atención médica privada debe ser objeto de regulaciones por parte del Gobierno Nacional, puesto que es un servicio público y como tal, cualquier centro de salud privado está obligado a resguardar la vida humana y a garantizar de manera digna y justa la atención a todos los usuarios y usuarias que así lo requieran.
«No hace falta que alguna persona esté registrada en ninguna data para que tenga derecho a la vida, esto es un valor supremo y constitucional. No tiene que estar en ninguna lista para que sea atendido por un médico en cualquier emergencia del país», señaló.
Dijo que la institución que dirige participará activamente, junto con los entes competentes del Estado, en todas las reuniones necesarias para que se logre regular el ejercicio de la medicina privada como servicio público y como garante del derecho constitucional y fundamental a la vida.
Destacó la Defensora del Pueblo que uno de los avances alcanzados en esta materia es la promulgación de la Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.990, del 29 de julio de 2010.
Dicha Ley tiene como objeto de establecer el marco normativo para el control, vigilancia, supervisión, autorización, regulación y funcionamiento de la actividad aseguradora, a fin de garantizar los procesos de transformación socioeconómica que promueve el Estado, en tutela del interés general representado por los derechos y garantías de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros, de reaseguros, los contratantes de los servicios de medicina prepagada y de los asociados de las cooperativas que realicen actividad aseguradora de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
«Si la Ley sobre la Actividad Aseguradora no es suficiente, tendremos que ir más allá hasta que las actuaciones médicas garanticen el derecho a la vida», advirtió Ramírez.
La defensora del Pueblo recalcó la necesidad de recordarle a algunos sectores privados de la salud, cuyo único fin es lucrarse, los valores constitucionales y la legislación que tiene nuestro país en contra de esas acciones inhumanas.
«Cuando aquí empiecen a existir acciones penales más fuertes contra quienes han negado el derecho a vivir a una persona que llegó con una emergencia, no fue atendida y perdió la vida, pienso que será la forma de impulsar la consciencia en el gremio médico», sentenció Ramírez.
Precisó que la Defensoría abre sus puertas para contribuir con la Asamblea Nacional (AN) para impulsar una legislación que proteja a las personas cuando requieran utilizar los servicios médicos de las clínicas privadas, sin correr el riesgo de que jueguen con sus vidas, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias.
Por último, exhortó a la colectividad a que ante la negativa a la atención de alguna persona en situación de emergencia, formulen sus denuncias en la sedes de la defensoría delegada de Caracas y también por la línea gratuita 08000-PUEBLO (08000-783256).