Representantes de la empresa no acudieron a la cita|Defensoría del Pueblo instaló mesa de conciliación con trabajadores de Empresas Polar

El Defensor del Pueblo Tarek William Saab instaló este lunes una mesa de conciliación entre los trabajares de Empresas Polar agrupados en el Sindicato Único Regional de Trabajadores de Territorio Centro Polar (Sintraterricentropolar) y representantes de dicha empresa, a fin de discutir sobre el nuevo contrato colectivo y las presuntas denuncias de derechos humanos en contra de varios trabajadores.

Durante un contacto informativo con VTV, Saab informó que los representantes de Empresas Polar no se presentaron a la reunión que realizó su despacho que tenía como objetivo reunir a los miembros de Sintraterricentropolar y los representantes autorizados por la empresa,  a fin de iniciar un diálogo entre las parte para llegar a un acuerdo.

«Aquí está la Defensoría del Pueblo, aquí están los representantes del Sindicato de Trabajadores Territorio Centro (SintraterricentroPolar), que están acá con su presidente, Juan Rodríguez, y sus demás miembros. No están los representantes de las Empresas Polar. Creo que ha sido de parte de ellos un error, un error incluso que los coloca de espalda a una postura de buena fe de parte de la Defensoría del Pueblo», dijo.

En tal sentido, el Defensor del Pueblo señaló que las puertas de la Institución continuarán abiertas para  el diálogo entre las partes. «Ésta era la oportunidad, la desecharon», dijo William Saab al referirse a la negativa de la directiva de dicha empresa.

«Vamos a estar de puertas abiertas a todos aquellos ciudadanos, ciudadanas, grupos sindicales, empresas privadas, autoridades del Estado que tengan a bien adelantar cualquier propuesta para solucionar cualquier contingencia», agregó.

Saab también se refirió al comunicado emitido por la gerencia laboral de Empresas Polar, donde se desconoce a la Constitución y la ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. y puntualizó que «aunque la empresa Polar no es un organismo público, ofrece un servicio público a la población y debe respetar la legislación venezolana».

T/Johelcy Puentes
F/Archivo