La Ley de Simplificación de Trámites Administrativos (LSTA) entró en vigencia el 1° de diciembre. Hay que darla a conocer con mucha rapidez al pueblo venezolano y, en particular, a los funcionarios.
Daré un ejemplo práctico para difundir su alcance. Un grupo de personas hemos sido víctimas de la aparición “espontánea” de deudas del impuesto sobre la renta en la página web del Seniat, deudas que no existen. Los afectados por este error no podemos sacar el RIF y estamos inhabilitados para hacer trámites de gran importancia.
Se consigna el reclamo en el Seniat y no hacen nada durante meses. Ahí me he encontrado con varios afectados. Siempre nos despachan con la frase: «ya mandamos un email a Mata de Coco para resolver el problema».
Enumero los artículos violados de la LSTA, que ojalá se cumpla:
Art. 24 (Presunción de buena fe: solo con el reclamo deben resolver el problema y verificar después): “Los trámites deben ser estructurados de forma tal, que el solicitante deba consignar los instrumentos probatorios o de verificación de requisitos solo a los efectos de control y seguimiento, y en ocasión posterior al resultado de la tramitación…”.
Art. 26 (deben dar los recaudos como valederos e investigar después): “… mientras no se demuestre lo contrario, se presume cierta la información declarada o proporcionada por la persona interesada…”.
Art. 33 (deben proceder a eliminar la deuda, luego sancionar si procede): “Los trámites administrativos deberán estar acompañados de un mecanismo de control posterior, así como de sanciones aplicables a quienes quebranten la confianza dispensada…”.
Art. 39 (no es admisible la respuesta «ya mandamos un email a Mata de Coco»): “Toda persona (…) tiene derecho a conocer el estado en que se encuentra su tramitación y a que se le informe el plazo dentro del cual se atenderá y dará respuesta oportuna a la misma…”.
¿Cómo puede el Seniat tener autoridad moral para exigir si no cumple? Ahí hay matavotos, como dice Luis Britto García. Intentan amargarme la Navidad, pero no podrán: ¡Feliz Navidad!